El representante de los choferes, Gerardo Giménez, afirmó que el Gobierno incumplió todos los compromisos asumidos y excluyó a los choferes del proceso de elaboración de la reforma del transporte público.
“El viceministro nunca nos invitó, hicieron la reforma por su cuenta. En Senadores tampoco fuimos tenidos en cuenta. Prometieron una mesa de trabajo y otra vez nos mintieron”, reclamó.
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Recordó que, desde el inicio del debate, existía un dictamen —el N° 870, que fue firmado por la propia ministra de Obras Públicas— que garantizaba la participación de los “verdaderos actores”: usuarios, trabajadores y empleadores. Sin embargo, denunció que ese acuerdo fue ignorado.
Reclamos son ignorados
El dirigente señaló que incluso realizaron gestiones directas con diputados para presentar sus propuestas, pero fueron nuevamente “marginados y discriminados”.
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Uno de los puntos más sensibles para el gremio es la definición de servicio “imprescindible”. Giménez sostuvo que existe un antecedente del propio Poder Ejecutivo que califica al transporte público como servicio esencial, por lo que no debería establecerse un piso del 60% de operación mínima en caso de huelga.
“Hablan de imprescindible, pero eso sería menos del 50%. Nuevamente, aprobaron el 60% sin escucharnos”, criticó.
Huelga en puerta, si no interviene el presidente
Consultado sobre si convocarán a una nueva medida de fuerza, Giménez confirmó que la posibilidad está abierta. “Nuestra intención no es llegar a la huelga. Queremos dialogar, buscar espacio y soluciones. Pero con esta gente ni siquiera podemos sentarnos a hablar”, lamentó.
La decisión final se tomará el 5 de diciembre, día en que se realizará un congreso nacional del gremio. Allí se definirán las fechas y los alcances de una eventual huelga general de choferes.
De aquí al sábado, la Federación espera alguna comunicación del Gobierno. “Ahora ya debe intervenir el presidente de la República. Es la única forma”, afirmó.