La esposa de Wilfrido Adrián Cáceres Flores, Ruth Jazmín Da Silva, la estudiante de odontología Camila Ramírez Gómez y la madre de la última, Elvira Gómez de Ramírez afrontarán juicio oral y público, por lavado de activo. Así lo resolvió el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, este miércoles.
Las tres mujeres participaron de su audiencia preliminar, la cual se sustanció finalmente hoy, pues debió realizarse ya en el mes de octubre pasado; sin embargo, la diligencia se pospuso debido a que se registró la ausencia y renuncia de los abogados defensores en aquella ocasión.
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Cáceres ejerció la defensa de su esposa Ruth Da Silva, y junto al defensor de madre e hija, plantearon en total 14 incidentes. Los abogados, en esta ocasión, solicitaron la suspensión condicional o el procedimiento abreviado de las encausadas, bajo algunas condiciones a los que el juez de la causa no accedió.
En relación con el exasesor del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, Wilfrido Cáceres, el magistrado Rodrigo Estigarribia ya elevó a juicio oral y público en octubre. El mismo está acusado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, representada por los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta, el ex “hombre de confianza” de Óscar “Nenecho” Rodríguez y su pareja Ruth Jazmín Da Silva no pudieron justificar más de G. 7.700 millones de su patrimonio, en el plazo correspondiente entre los años 2013 y 2023.
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Wilfrido Cáceres y su esposa no pueden justificar G. 7.000 millones
La investigación fiscal, que abarcó el periodo de tiempo comprendido entre los años 2013 y 2023, se inició en el año 2020. Según la hipótesis fiscal, la pareja compuesta por Wilfrido Cáceres y la odontóloga Ruth Da Silva no tiene cómo justificar un significativo incremento patrimonial equivalente a G. 7.764.350.575.
De acuerdo con lo resaltado en su escrito acusatorio, la “bonanza” se inició en el 2017 y se extendió hasta el 2023, con el detalle que a partir del 2020 se verificaron la compra de inmuebles en San Lorenzo y Ñemby y las edificaciones en ambos. A la par, el matrimonio empezó a pagar por tres terrenos en Piribebuy (Cordillera).
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“En el periodo indagado se determinó que el matrimonio adquirió numerosos bienes muebles (vehículos) e inmuebles (terrenos, edificó mansiones), adquirió equipamientos mobiliarios, los cuales fueron ocultados del patrimonio conyugal, a los efectos de evitar su detección y su comiso, a sabiendas de que en su calidad de funcionario público estaba sometido a una investigación patrimonial por parte de la Contraloría General de la República”, detalla parte de la acusación presentada el pasado 13 de mayo.