Los uniformados detenidos son el suboficial inspector Cergio Germán Chamorro Villalba (37), el suboficial inspector Manuel Garcete Franco (36) y el suboficial ayudante Hugo Javier Mora Acosta (26). Los tres permanecen bajo custodia de sus propios subalternos, una situación que ha generado indignación y críticas dentro de la institución policial y del Ministerio Público.
De acuerdo con el informe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, las pesquisas revelan que los uniformados ocultaron y posteriormente liberaron un camión cisterna Mercedes Benz, utilizado como apoyo logístico para esconder las armas que iban a ser usadas por los piratas del asfalto.
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El rodado fue visto en la zona el pasado 11 de septiembre en Colonia Yroysa, donde incluso señalaron que los ocupantes recibieron ayuda de policías para evitar que fuera descubierto.
El juez de Caaguazú, Roberto Estigarribia, fue quien dispuso la medida alternativa a la prisión, pese a que el fiscal del caso, Alexis Takahashi, había solicitado la prisión preventiva para los tres agentes, atendiendo la gravedad del hecho y las evidencias que los vinculan al intento de asalto.
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Ante esta decisión, la Fiscalía apeló la medida, y el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, con sede en Coronel Oviedo, falló a favor del fiscal Takahashi, ordenando que los uniformados sean remitidos a la Agrupación Especializada. Sin embargo, el juez Estigarribia aún no firmó la orden de traslado, por lo que los tres continúan cumpliendo su prisión domiciliaria en la propia comisaría.
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ABC intentó comunicarse con el juez Roberto Estigarribia, pero, tras varias llamadas a su número celular 212, no atendió. En caso de que desee dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.
Desde la Fiscalía expresaron preocupación por la seguridad de los testigos claves del caso, quienes fueron los que aportaron información sobre la participación de los policías. Según fuentes del Ministerio Público, los testigos no cuentan con protección y temen que la falta de cumplimiento del fallo judicial ponga en riesgo su integridad.