Los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres presentaron acusación y piden juicio oral para Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, por los hechos de tráfico, tenencia, asociación y comercialización de drogas, previstos en los artículos 26, 27, 42 y 44 de la Ley N.º 1340/88 y su modificatoria; lavado de dinero y asociación criminal, establecidos en los artículos 196 y 239 del Código Penal; en el marco de la Operación Pavo Real II.
Según el requerimiento conclusivo de 205 páginas, presentado en la noche de este martes 19 de agosto, entre los años 2019 y 2021 Rodrigues Gomes lideró una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos; con base de operaciones en ciudades fronterizas del Departamento de Amambay.
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La Fiscalía sostiene que dicha estructura criminal operaba en todas las etapas de la cadena delictiva: adquisición de cocaína y pasta base en Bolivia, ingreso al territorio paraguayo mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en establecimientos rurales; resguardo, y transporte posterior al territorio brasileño y otros destinos internacionales, como el continente europeo.
En cuanto al hecho de narcotráfico, el Ministerio Público señala a Alexandre Rodrigues Gomes como responsable del envío de 300 kilos de cocaína, con el logotipo de “HELLO KITTY”, a Sao Paulo, en fecha 1 de febrero de 2020; así como el tráfico de 2,780 kilogramos de sustancias ilícitas, en el período comprendido entre el 16 de febrero y el 18 de marzo de 2020.
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Al hijo de Lalo Gomes le atribuyen también la remisión de 177 kilos de cocaína, con el logotipo de “HELLO KITTY”, que tenían como destino final Paranagua (municipio de Brasil), que fueron incautados en fecha 31 de enero de 2020; y el envío de 360 kilos de cocaína en una avioneta bimotor, que fue incautada el 14 de noviembre del 2020, en el interior de Sao Paulo - Brasil, entre los municipios de Piracicaba y São Pedro.
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Lavado de dinero atribuido al hijo de Lalo
A Alexandre Rodrigues Gomes se le atribuye haber estado vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão y, en ese contexto, haber tenido participación en transacciones de compra-venta de bienes inmuebles existentes en territorio paraguayo que forman parte del patrimonio de la organización criminal y fueron adquiridas de manera irregular.
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“Rodrigues Gomes operaba con interlocutores vinculados a casas de cambio, a través de las cuales coordinaba la movilización de grandes sumas de dinero de origen ilícito. Estas operaciones formaban parte de una red transnacional dedicada al financiamiento de actividades ilícitas y al lavado de activos, con conexiones en Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa”, destaca parte del escrito de acusación.
Concretamente, el Ministerio Público hace referencia a la adquisición irregular, en el año 2020, del establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay; por un precio de US$ 1.725.750.
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Al hijo de Lalo Gomes se le atribuye además haber realizado operaciones financieras sin sustento comercial, a título personal y también a través de las empresas de las cuales formaba parte (como Paraguay Autopartes SA), con personas físicas y jurídicas vinculadas al narcotráfico, como Antonio Joaquim Da Mota, Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”; Diego Isaac Benítez y las empresas vinculadas a ellos, entre los años 2017 y 2021; habiendo operado con diversos roles, en algunas ocasiones como lavador, en otras como financistas.
Cabreira Pinazo, principal “lavador” del esquema
Según la acusación para la ejecución de las operaciones de lavado de activos, Alexandre tenía como socio ejecutor a Oscar Daniel Cabreira Pinazo, quien desempeñaba un rol estratégico en la movilización y distribución de fondos ilícitos, operando como referente financiero. Éste último también fue imputado el 19 de agosto de 2024, pero el 7 de agosto último se autoeliminó durante un procedimiento fiscal policial en su vivienda, ubicada en Pedro Juan Caballero.
Mediante la cooperación internacional de la aplicación de mensajería cifrada SKY ECC, el Ministerio Público detectó que Cabreira Pinazo utilizaba casas de cambio fuera del sistema bancario formal, principalmente la denominada “Fénix Cambios” (anteriormente “Panorama”), para la recepción, ocultamiento, compensación y redistribución de grandes sumas de dinero en efectivo, a fin de financiar operaciones de narcotráfico realizadas por Rodrigues Gomes.
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“Esta casa de cambios (Fénix) sería uno de los modus principales utilizados por Cabreira Pinazo para operar en beneficio de distintas organizaciones criminales trasnacionales, facilitando el movimiento de dinero ilícito en coordinación con redes financieras paralelas distribuidas en Paraguay, Brasil, Bolivia y Europa”, puntualiza la acusación fiscal.
Agrega que el funcionamiento de la red criminal supuestamente liderada por Alexandre Rodrigues Gomes se habría sostenido con el respaldo financiero suministrado por Óscar Cabreira Pinazo, conocido en la aplicación SKY ECC como el alias de “SIMBA”, quien mediante esquemas de cobertura, circulación y desvío de fondos, permitió la ejecución efectiva de todas estas actividades ilícitas.
Pedido de sobreseimiento para banqueros
En relación a Luis María Zubizarreta Zaputovich (85 años) y John Gerald Mathías Gaona (53 años), imputados el 19 de agosto de 2024 por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo para ambos, alegando que existen dudas sobre la participación de los mismos en los hechos investigados.
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En el acta de imputación la Fiscalía atribuyó a Zubizarreta y a Mathías Gaona, en carácter de representantes de la firma Finexpar SAECA (actual Zeta Banco), haber celebrado un contrato privado de compraventa de inmueble con Alexandre Rodrigues Gomes el 21 de mayo de 2020, en virtud del cual le transfirieron al hoy acusado la “Estancia Negla Poty”, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay.
Según la hipótesis inicial, al momento de la celebración del contrato privado, Finexpar SAECA no era titular del bien, dado que lo adquirió recién el 7 de julio de 2020 de la firma Cepagro SAECA, en concepto de dación de pago por operaciones morosas.
Según lo expuesto en el acta de imputación, Finexpar SAECA, por medio de sus representantes Luis María Zubizarreta y John Gerald Mathías, habría efectuado la transacción con Alexandre Rodrigues sin que la entidad financiera ostentara formalmente la titularidad del bien, ni la facultad legal para disponer del mismo.
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Fundamentos del pedido de Fiscalía
En el requerimiento conclusivo presentado ante el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres sostienen no se han reunido elementos suficientes que permitan acreditar el conocimiento y la voluntad de los representantes de la entidad bancaria, de integrar al circuito financiero un bien inmueble de origen ilícito.
Los agentes del Ministerio Público argumentan que esto se debe a que las operaciones analizadas responden a productos y procedimientos ordinarios del tráfico bancario, en los que, conforme al examen de las documentaciones obrantes en el expediente, observaron que el inmueble recibido como garantía (estancia Negla Poty) no contaba con ninguna medida cautelar ni registral que permitiera presumir un origen ilícito.
“La vinculación de la Estancia Negla Poty con la estructura criminal fue conocida con posterioridad y con grado de certeza únicamente después de la operación bancaria realizada”, señalan los fiscales en parte del requerimiento presentado.
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Finalmente, señalan que en el marco del análisis operacional efectuado respecto del procesado Alexandre Gomes, la operación de dación en pago materializada en mayo de 2020 fue evaluada con información correspondiente solamente a ejercicios hasta el año 2019, sustentada en documentaciones oficiales, declaraciones tributarias y referencias provenientes de otras entidades financieras que daban cuenta de su capacidad de pago.