En sus alegatos iniciales el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca afirmó que probará que el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa recibió dádivas de parte de su amigo Alberto Koube a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.
Por su parte los abogados Rodrigo y Gustavo González Planás, defensores del exministro de la SEN; y los abogados Rodrigo Álvarez y Mario Bobadilla, representantes de Alberto Koube sostuvieron en sus alegatos que la teoría del Ministerio Público “no es razonable” y que no existen elementos para probar los hechos atribuidos a los acusados.
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Luego de los alegatos iniciales los tres primeros testigos ofrecidos por el Ministerio Público declararon ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran las juezas Elsa García (presidenta), Ana Rodríguez y Sonia Sánchez. El juicio oral continuará el lunes 7 de julio, a las 9:30, con la declaración de más testigos.
La acusación contra el extitular de la SEN es por supuesto cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, lavado de activos, administración en provecho propio y asociación criminal; y contra el empresario Alberto Koube Ayala por presunta coautoría en el lavado de dinero, y complicidad en la lesión de confianza y lavado de activos.
Roa direccionó licitaciones de la SEN, según fiscalía
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía en su acusación, Joaquín Roa recibió dádivas de parte de su amigo Alberto Koube a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.
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Roa estuvo a cargo de la SEN entre el 2013 y el 2022, pero entre el periodo del 2018 y 2021 es que adjudicó licitaciones y contrataciones millonarias, en forma sistemática, a Koube por valor a G. 16.080.000.000.
La Fiscalía asegura que las 10 adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai SA, y de grupos empresariales de terceros proveídos o vinculados al mismo, como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros.
A través de esos datos surge que Roa y Koube se asociaron a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN, simulando los procesos administrativos y beneficiando con las contrataciones siempre a las referidas empresas, en contra de los deberes de una correcta administración y gestión pública, como la obtención de una embarcación “AZ 42″, valorada en US$ 450.000 y sumas de dinero, según consta en la acusación fiscal.
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Obtuvieron beneficios con concurso de precios simulado
La acusación fiscal resalta que en el marco de todas las maniobras que, supuestamente, llevó a cabo el entonces ministro Joaquín Roa, en complicidad con su amigo personal Alberto Koube, en setiembre de 2021 el secretario estatal, a través de la Resolución SEN Nº 773/2021, autorizó la compra de “chapas de fibrocemento” vía urgente impostergable, a través del Fondo de Emergencia Nacional (Fone Nº 35/2021).
En ese llamado fueron adjudicadas dos firmas, Transporte y Carga para la Construcción, de Katerine Angélica Ayala Ramos, para la provisión de 70.000 unidades de chapas de fibrocemento por valor de G. 2.310.000.000; y la firma Metalsen, de Eduardo Semidei, para la provisión de 30.000 chapas por valor de G. 990.000.000. Es decir, se adquirieron 100.000 chapas por G. 3.300.000.000.
Sin embargo, la adjudicación en dichos llamados se realizó bajo el esquema de simulación de concurso de precios referenciales con presupuestos de otras empresas privadas. Así, Roa adjudicó el contrato de G. 2.310.000.000 a Katerine Ayala por la provisión de 70.000 chapas, a G. 33.000 la unidad, precio más económico, supuestamente, que las demás firmas.
Posteriormente, Roa efectuó el pago por los materiales en las fechas 24 de noviembre de 2021, por G. 1.560.000.000; y el 27 de diciembre de 2021, por G. 624.000.000, mediante la emisión de dos cheques del Banco Nacional de Fomento (BNF), ocasionando así un perjuicio de G. 716.000.000.
El documento acusatorio señala que en las documentaciones oficiales aparecía un esquema empresarial ajeno a los imputados de nombre “Transporte de Materiales y Carga para la Construcción, de Katerine Angélica Ayala Ramos”. La empresaria en este caso había señalado a los investigadores que se presentó por pedido expreso de Alberto Koube.
Empresa no entregó materiales, según Fiscalía
La acusación del fiscal Silvio Corbeta expone que la firma de Katerine Ayala no proveyó las 70.000 unidades de chapa de fibrocemento que habría adquirido supuestamente la SEN; así lo señaló la empresaria al Ministerio Público, y que al final habría sido Alberto Koube el encargado de proveer los materiales, pero tampoco hay constancias de que se hayan entregado.
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Por otra parte, los informes bancarios permiten observar que los cheques librados por la SEN fueron endosados y depositados en la cuenta de Alberto Koube, por el funcionario de su empresa Alfredo Martinetti. En ese contexto, hay una factura de crédito Nº 002-001-0001449 del 27 de noviembre de 2021.
Asimismo, la Senabico, que actualmente administra el Grupo Tapyracuai, informó en la contabilidad de la empresa que se registraron compras de chapas con fechas del 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de setiembre, así como 13, 15 y 19 de octubre de las empresas Richard Cáceres Cáceres, San Carlos SRL Construcción y Ferretería, Robert Torres González, Che Po’a SA, y Electro Maq. SRL por un total de G. 1.594.000.000.
Es así que se cuentan con los datos sobre que el Grupo Tapyracuai SA habría proveído de 70.000 unidades de chapas, que habría adquirido por el costo de G. 22.771 cada una, según la relación entre el valor total (G. 1.594.000.000) y la cantidad (70.000); mientras que la firma Katerine Ayala vendió supuestamente los materiales por G. 33.000 cada uno. De la diferencia, se desprende que el perjuicio patrimonial en este ítem fue de G. 716.000.000.
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