Tras una maratónica jornada el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, dictó el Auto Interlocutorio (AI) N° 194 a través del cual elevó a juicio oral y público el caso “Pavo Real Py I” en relación a 23 personas, que según la Fiscalía, habrían colaborado con el capo narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão para lavar las ganancias ilícitas.
La Fiscalía estuvo representada por los agentes Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, durante la audiencia preliminar que duró dos meses. Los mismos se ratificaron en la acusación presentada el 11 de julio de 2024, en aquella ocasión a cargo del fiscal Osmar Segovia, que luego fue trasladado.
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El Ministerio Público acusó al abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo por lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de coautor, por la Ley N° 1340/88 y sus modificatorias. En su caso, el magistrado resolvió mantener la prisión preventiva, siendo él el único de este grupo con dicha medida.
Por otra parte, Legal también dispuso que se mantenga el arresto domiciliario para los acusados Carlos Andrés Oleñik Memmel, Gabriela Esther González Jaquect, Jorge Fernando Mora Galeano, Renan Gilberto Mora Benítez, Ronaldo Adalberto Serrati Duarte, Marcos Raúl Aveiro, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Zunilda Ferreira Escobar, Rosely Messias Da Silva Pavão y César Agustín Corvalán Pavón, acusados por lavado de dinero y asociación criminal por el Código Penal; y Alexandre Reichardt De Souza, acusado por lavado de dinero por el CP.
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También, mantuvo la libertad ambulatoria para Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, María Cristina González, Pedro Pablo Seall Melgarejo, Lilia Haydée Ayala De Silva, Sonia Lorenza Arce Cáceres, acusados por lavado de dinero y asociación criminal por el CP; Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt De Souza y Amilcar Battaglin De Souza, acusados por lavado de dinero.
Un acusado asesinado y otro está prófugo
El 11 de julio de 2024 fueron acusadas en total 26 personas, pero la audiencia preliminar solo se inició para 24 de ellas y, finalmente 23 son las que afrontarán juicio. Esto porque, uno de los procesados por lavado de dinero y asociación criminal por el Código Penal, el abogado Gustavo Anibal Medina Carneiro, fue asesinado el 8 de mayo en Pedro Juan Caballero en su caso se extinguió la acción penal y fue sobreseído definitivamente.
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Por otra parte, aún está pendiente la audiencia preliminar para otros acusados de ese grupo como el abogado Daniel Montenegro Menezes y otro grupo de encausados conformado por Ángela María Kunrath y César Fernández. La diligencia está prevista para el 5 de junio próximo.
A esto cabe señalar que entre los primeros acusados también estaba el abogado Alfredo Duarte Montiel, quien fue declarado en rebeldía y cuenta con orden de captura pendiente. Por esto, recién cuando sea recapturado tendrá que hacerse la audiencia preliminar en su caso.
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El caso Pavo Real en Paraguay
El operativo “Pavo Real Py I” fue una extensión de los casos “Pavo Real I y II” de Brasil, en los cuales se incautaron documentos de las celdas, allanadas, de Jarvis Chimenes Pavão y su hijo, Luan Chimenes Nascimento. Los papeles contenían datos sobre bienes del clan Pavão existentes en Paraguay.
Es así que, a partir de esas informaciones se pudieron ubicar propiedades inmobiliarias ubicadas en los departamentos de Amambay, Concepción Alto Paraná, Alto Paraguay, Central y Asunción. Además se identificaron en total 30 estancias distribuidas en estas zonas y a nombres de vinculados a Pavão.
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En base a esos datos, la investigación hecha permitió constatar una compleja modalidad para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esta consistía en la creación de empresas de fachada y su utilización para la compra de bienes muebles e inmuebles y el movimiento de fondos ilícitos.
A esto agregó el Ministerio Público en su acusación que, esas sociedades ficticias fueron constituidas tanto en Brasil como en Paraguay. Los integrantes de la estructura utilizaban las sociedades para dar apariencia de legalidad a las operaciones financieras, lo que permitió a la organización lavar grandes sumas de dinero facilitando así la adquisición de bienes y transferencias de dinero, sin que se puedan detectar en el sistema financiero.
La pesquisa también permitió identificar a abogados, contadores, empresarios y síndicos, que desempeñaron roles importantes para el mantenimiento del esquema de lavado. Estas personas, de nacionalidades brasileñas y paraguayas, utilizaron así sus conocimientos en finanzas y leyes, para las actividades. Entre estos, también se identificaron varios testaferros que actuaban en nombre del capo narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
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Usaron empresas para ocultar bienes de Pavão, según Fiscalía
De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía en su acusación, el abogado Adrián Rolando Brizuela Olmedo, era un eslabón importante dentro de la estructura, pues fungía de administrador de los bienes de la organización en territorio paraguayo. Incluso, algunos de esos bienes llegaron a estar a su nombre.
También se obtuvieron datos sobre que Brizuela llegó a intervenir en transacciones de compra y venta de bienes que pertenecían a Jarvis, con el fin de ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino o derecho sobre los mismos.
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Brizuela al menos fue quien estableció un estrecho vínculo con Luan Chimenes Nascimento, hijo de Jarvis Chimenes Pavão, y, mediante comunicación directa con éste, rendía informes sobre los estados de los bienes muebles e inmuebles que la organización tenía en territorio paraguayo.
Por su parte, el empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, también colaboró en el esquema de lavado, según la Fiscalía. Al mismo se le atribuyen las firmas “Annuaki S.A.”, “Cepagro S.A.E.C.A.” y “Arenales Paraguayos S.A.”, a través de las cuales realizaba pagos a favor de la organización y efectuaba transferencias de inmuebles, como “moneda de cambio” en operaciones financieras a fin de disimular su origen, o bien, resguardarlos, siemper según la fiscalia.
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En ese rol, Oleñik y otros dos acusados, Lilia Haydeee Ayala De Silva y Pedro Pablo Seall Melgarejo,cooperaron el 6 de diciembre de 2021, en la venta simulada de la Estancia “Cristo Rey”. actuaron en representación de Cepagro SAECA. y Arenales Paraguayos SA, y contaron con la colaboración de quien fuera testaferro del referido establecimiento, César Corvalán.
Además, Pedro Seall y Carlos Oleñik, entre 2016 y 2022, realizaron sucesivas compras y ventas de la Estancia “Negla Poty” en representación de Cepagro SAECA con la firma Finexpar SAECA (hoy Zeta Banco), simulando tales operaciones con préstamos hipotecarios y daciones de pago.
Familia de Pavão integraba el primer anillo
Otros datos recogidos durante la investigación refieren que Jarvis Chimenes Pavão, al ser líder de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas, continuó dedicándose al mantenimiento de una fuerte y bien estructurada estructura ilícita para concretar sus objetivos.
Para ese fin, Jarvis contó con la colaboración de su familia, especialmente de su madre Nair Chimenes, que llegó a ser proveedora del Estado en Paraguay; su padrastro Paulo Larson Dias, su esposa Tallessa Ariany Santos Da Silva Pavão, su hermano Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, Luan Pavão Nascimento, su hija Suellen Monique Martínez Pavão y su yerno Juan Leandro Marqués Alvarenga. Todos con rebeldía actualmente.
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Estas personas, al ser familiares cercanos, realizaban visitas constantes a Jarvis a las unidades penitenciarias. En estas oportunidades recibían orientaciones e informaciones de su parte y estas a su vez, eran tramitadas a terceros, colaboradores del grupo criminal.
Estas personas seguían las directrices del señor Jarvis Chimenes Pavao y respondían de forma directa a la organización, adquiriendo tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Asimismo, constituían empresas y utilizaban otras ya constituidas con la finalidad de insertar las ganancias ilícitas con las lícitas, según la Fiscalía.