INCAN al borde del colapso: médicos, funcionarios y pacientes exigen respuesta urgente al Ministerio de Salud

Médicos, funcionarios y pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) elevaron una nota a la ministra de Salud y solicitaron una reunión urgente ante la grave crisis presupuestaria que compromete la atención de más de 8.500 pacientes oncológicos en el sistema público.

Médicos, gremios y pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan)
Médicos, gremios y pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) exigieron ayer una respuesta urgente al Ministerio de Salud Pública debido a la crítica situación del sistema oncológico.

Representantes de médicos, funcionarios y pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) entregaron ayer una nota formal a la ministra de Salud, en la que exigen una respuesta inmediata ante la crítica situación que enfrenta la atención oncológica en el sistema público, marcada por un grave déficit presupuestario que ya compromete la calidad y continuidad del tratamiento de más de 8.500 personas en todo el país.

Mientras el Congreso Nacional analiza un proyecto de ley para aumentar el presupuesto del Incan en 304.000 millones de guaraníes, médicos, gremios y organizaciones de pacientes intensificaron su reclamo con una reunión de urgencia solicitada al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Presupuesto insuficiente

Según cifras oficiales, el presupuesto asignado al Incan para el ejercicio fiscal 2025 asciende a 677.826 millones de guaraníes. Sin embargo, más del 76% de ese monto ya está comprometido en salarios, funcionamiento operativo y deudas anteriores. Lo que queda resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas como medicamentos, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura y equipos médicos.

Uno de los puntos más alarmantes se encuentra en el rubro 350 –productos químicos y medicinales– con una asignación de apenas 516.779 millones de guaraníes, frente a una necesidad real estimada en 2,1 billones de guaraníes (más de 284 millones de dólares), solo para medicamentos. Esta cifra contempla no solo el abastecimiento del Incan, sino también el de hospitales regionales, el IPS y clínicas privadas que remiten pacientes oncológicos al sistema estatal, refieren tanto pacientes oncológicos como funcionarios y médicos.

Más de 8.500 pacientes oncológicos utilizan el sistema público

Actualmente, más de 8.500 pacientes reciben tratamiento a través del sistema público, según datos que maneja la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa). De ellos, al menos 7.400 son atendidos en el Incan y hospitales del Ministerio de Salud, 900 provienen del IPS y unos 200 de clínicas privadas, que derivan a sus pacientes por los elevados costos del tratamiento en el sector privado.

Además de la falta de medicamentos, el sistema enfrenta carencias graves en áreas fundamentales:

  • Reactivos de laboratorio: se requieren 38.000 millones de guaraníes.
  • Mantenimiento de equipos médicos e industriales: más de 27.000 millones.
  • Tercerización de estudios como PET, centellografías y radioterapias: 16.000 millones.
  • Adecuaciones edilicias urgentes: al menos 5.000 millones.

Lo que dice uno de los médicos del Incan

El Incan no solo atiende a sus pacientes: sostiene a todo el sistema”, advirtió el Dr. Hernán Ortiz, médico del instituto y vocero de los gremios médicos. Explicó que la institución no trabaja de forma aislada. “El Incan termina absorbiendo la carga de atención del IPS, hospitales regionales e incluso del sector privado. La red está completamente interconectada”, señaló.

Ortiz subrayó que el presupuesto actual no responde a esa realidad extendida y que, de no haber una reestructuración urgente, el sistema colapsará. “Estamos obligados a priorizar solo los casos más urgentes. Eso implica demoras críticas y, muchas veces, significa llegar tarde para muchos pacientes”, lamentó.

Para gremios médicos, pacientes y familiares, la aprobación del proyecto de ley que permita el fortalecimiento financiero del Incan se vuelve una prioridad impostergable.

Garantizar los recursos necesarios no es solo una cuestión presupuestaria, sino una responsabilidad ética del Estado para asegurar el acceso equitativo y oportuno a tratamientos que pueden salvar vidas”, concluyeron.

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