El camarista Arnulfo Arias impugnó la inhibición de su colega José Agustín Fernández del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital que debe estudiar el recurso planteado por el Ministerio Público en contra de la absolución del ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fernández resolvió apartarse del tribunal de alzada tras la recusación presentada en su contra por la defensa de Díaz Verón, que había argumentado que el magistrado incurrió en la causal prevista en el artículo 50 inciso 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia y pide su separación de la causa.
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Sin embargo, el magistrado Arnulfo Arias impugnó la inhibición de su colega, por lo que el caso queda a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera; que debe resolver quién de los camaristas debe integrar el Tribunal de Apelación Penal.
Una vez que se confirme el tribunal de alzada se debe estudiar el recurso de apelación presentado por las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera en contra de la absolución de Javier Díaz Verón y su esposa, resuelta por Sentencia Definitiva N° 599 de fecha 21 de diciembre de 2023, dictada por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez.
Fiscalía pide nuevo juicio para Díaz Verón
Las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera solicitan a la Cámara de Apelaciones el reenvío de la presente causa penal para un juzgamiento adecuado y que el nuevo oral y público quede a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
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En su apelación señalan que se agravia por el rechazo para incluir como prueba del informe sobre el movimiento de ganado que realizaron Gregorio Lorenzo Presentado Benegas y el Dr. Gregorio Presentado Prante así como el testimonio de este último, que el Juzgado de Garantías había excluido con el argumento que debió hacerse bajo las reglas de una pericia.
Las agentes del Ministerio Público también argumentan la falta de fundamentación del Tribunal de Sentencia sobre las pruebas producidas en el juicio con los informes de los peritos Mateo Nakayama y Javier González, así como sus testificales, teniendo en cuenta que guardan relación directa con el hecho punible de enriquecimiento ilícito, por tratarse de pruebas de los ingresos y egresos del exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa María S. Morínigo.
Respecto a la declaración del perito Javier González en el juicio, que fue duramente cuestionado por el tribunal, la fiscalía argumenta que o los jueces no le prestaron atención o no entendieron lo que declaró el profesional.
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Hechos fueron probados, según fiscalas
En el escrito de apelación las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera responden a la postura del Tribunal de Sentencia, que al momento de dictar la absolución de culpa y reproche del ex fiscal Javier Díaz Verón y esposa, calificaron como deficiente el trabajo investigativo del Ministerio Público; además de mencionar los informes de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, que dictaminaron favorablemente la gestión del procesado en su cargo de fiscal general del Estado.
Sobre estos puntos, las fiscalas resaltan que han llevado a cabo un exhaustivo trabajo para colectar todas las pruebas presentadas en el juicio oral y público, que a criterio de ellas, sustentan plenamente la acusación; y consideran que “no tiene sustento jurídico la apreciación generada en el fallo, del por qué la fiscalía no tuvo en cuenta esos documentos, pues la ley es muy clara”.
Agregan que si hubiesen tenido en cuenta dichos elementos el Ministerio Público estaría violando la ley, ya que las resoluciones de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas sería avalar que son necesarios los delitos precedentes para el hecho de enriquecimiento ilícito.
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En sus alegatos finales las agentes habían solicitado que Francisco Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel, más 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesto enriquecimiento ilícito de G. 10.495.174.320; mientras para que su esposa pidieron 5 años de prisión por el hecho de lavado de dinero.