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El ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón recusó al magistrado José Agustín Fernández, quien integra el Tribunal de Apelación que debe estudiar la sentencia dictada en el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los demás miembros de la sala son Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez y los tres intervienen en la causa desde su inicio, en el año 2018.
En su presentación, Díaz Verón alega que el magistrado recusado incurrió en la causal prevista en el artículo 50 inciso 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia y pide su separación de la causa.
Según Díaz Verón, Fernández incurrió en la referida causal al disponer la agregación por cuerda separada de un urgimiento presentado por la abogada María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el 11 de marzo pasado.
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Díaz Verón alega que Roa no es parte ni víctima, por lo que no puede intervenir en la causa. Asimismo, atribuye al magistrado una actitud de supuesto “revanchismo”, por no haberlo recibido luego de un allanamiento realizado durante una investigación a un funcionario del tribunal.
Lo llamativo del caso es que la sentencia fue dictada el 21 de diciembre de 2023, pero solo ahora el exfiscal trae a colación la referida situación.
A través de la Sentencia Definitiva (SD) N° 599, el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Darío Báez absolvieron a Díaz Verón y su esposa, la abogada María Selva Morínigo, acusados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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El exfiscal es hermano de Pedro “Pipo” Díaz Verón, actual senador cartista. Justamente el juez que más cuestionó a la Fiscalía fue Darío Báez, de activa participación en el Partido Colorado antes de ingresar a la magistratura. El magistrado fue concejal en Limpio por la ANR y acompañó de cerca la campaña proselitista de Horacio Cartes.
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Fiscalía pidió penas de 8 y 5 años
La Cámara estudia la apelación presentada por las fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera contra el fallo absolutorio. Las agentes sostienen que existen pruebas contundentes de que el ex fiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar el origen de bienes por un total de G. 10.495.174.320 y piden un nuevo juicio para ambos.
En sus alegatos finales, las agentes solicitaron una condena de 8 años de cárcel para el ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón, más 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesto enriquecimiento ilícito.
Para la acusada María Selva Morínigo, la pena solicitada fue de 5 años de pena privativa de libertad, por lavado de dinero.
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La Fiscalía se agravia por el rechazo para incluir como prueba el informe sobre el movimiento de ganado que realizaron Gregorio Presentado Benegas y el Dr. Gregorio Presentado Prante así como el testimonio de ese último, que el Juzgado Penal de Garantías había excluido.
Las fiscalas cuestionan también la falta de fundamentación del Tribunal de Sentencia sobre las pruebas producidas en el juicio con los informes de los peritos Mateo Nakayama y Javier González, así como sus testificales, teniendo en cuenta que guardan relación directa con el enriquecimiento ilícito denunciado, por tratarse de pruebas de los ingresos y egresos de los acusados.
Recordemos que el Tribunal que absolvió al matrimonio calificó como deficiente el trabajo investigativo de la Fiscalía y cuestionó que no se haya considerado los informes de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Cuentas, que dictaminaron favorablemente la gestión del procesado en la FGE.
Respecto a estos puntos, las fiscalas resaltan que han llevado a cabo un exhaustivo trabajo para colectar todas las pruebas presentadas en el juicio oral y público, que a criterio de ellas, ratifican plenamente la acusación; y consideran que “no tiene sustento jurídico la apreciación generada en el fallo, del por qué la fiscalía no tuvo en cuenta esos documentos, pues la ley es muy clara”.
Agregan que si hubiesen tenido en cuenta las resoluciones de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas el Ministerio Público estaría violando la ley, ya que estarían avalando que son necesarios los delitos precedentes para el hecho de enriquecimiento ilícito.
“Significativamente corrupto”
El extitular de la Fiscalía General del Estado Francisco Javier Díaz Verón fue designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos el 10 de diciembre de 2019 y prohibió a él y a su familia el ingreso a su territorio, de por vida.
La restricción alcanza a su esposa, la abogada María Selva Morínigo de Díaz, y a los hijos del matrimonio Yerutí Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y otro hijo menor de edad.
Cambios tras polémico fallo
Dos de los jueces que integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y a su esposa, María Selva Morínigo, fueron desafectados del colegiado especializado en Crimen Organizado, tras el polémico fallo.
El 31 de enero del 2024 Víctor Hugo Alfieri Duria fue designado como interino del Juzgado Penal de Sentencia N° 8 y Alba María González Rolón (actualmente jubilada) quedó como interina del Juzgado Penal de Sentencia N° 22.
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La Corte Suprema de Justicia comunicó su decisión a través de la Acordada N° 1.728, “De reorganización de los Juzgados dispuestos por la Ley N° 6379/2019 que crea la competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado”.