La denuncia sobre supuestas irregularidades en la compra de pupitres chinos fue remitida a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a modo de consulta, y actualmente se encuentra en manos de la fiscala Adjunta Soledad Machuca. Esto, para un análisis de correspondencia en cuanto a si amerita o no la apertura de una investigación penal y la conformación de un equipo fiscal para dicho fin.

Legisladores de la oposición habían presentado el lunes último un escrito de denuncia ante el Ministerio Público, en relación a la compra de pupitres chinos por parte de la empresa Kamamya SA, recientemente adjudicada con un contrato de G. 248.713 millones por la Itaipú, a cargo de Justo Zacarías, para la provisión de mobiliario escolar.

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Uno de los denunciantes del caso, el senador liberal Eduardo Nakayama, había señalado con relación al caso que “es una vergüenza la manera en que se ha manejado esta situación, desde el principio. Esto está plagado de irregularidades”.

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Añadió que ocho días antes de que sea pública la licitación para la compra de los mobiliarios escolares, compuestos por una mesa y una silla, la empresa Kamamya SA, de Long Jian, ya adquirió en China un total de 16.560 estructuras metálicas, accesorios y partes para pupitres escolares. Estos estaban destinados a instituciones educativas del sector oficial en todo el país, en el marco del vínculo de cooperación entre la binacional Itaipú y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Denuncia contra “pupitres chinos”

“Se alega que esta licitación habría sido ‘ajustada’ en sus especificaciones para beneficiar a la empresa Kamamya S.A., excluyendo la participación de proveedores locales (anteriormente contemplada en la Licitación Pública Nacional NA 0880-24, que fue suspendida)”, según se menciona en el documento presentado ante la Fiscalía.

Los denunciantes agregaron que “Kamamya S.A. importó 16.560 pupitres (cantidad coincidente con la primera entrega) el 21 de noviembre de 2024, ocho días antes de la publicación oficial de la licitación. Asimismo, trajo un segundo lote (12.425 unidades) el 22 de diciembre de 2024, cuando aún no se conocía el resultado de la licitación. Estos hechos indican un posible acceso previo a información privilegiada y un amaño del proceso”.

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Hechos punibles señalados en la denuncia

• Lesión de confianza (Art. 192): funcionarios de Itaipú habrían incumplido su deber de proteger los recursos públicos, adjudicando con sobreprecio y diseño irregular del llamado.
• Estafa (Art. 187 y ss.): la empresa, en connivencia con funcionarios, habría simulado transparencia en el proceso, ocultando el verdadero costo de los muebles y obteniendo un lucro indebido en perjuicio del Estado.
• Cohecho/soborno (Arts. 302 y 303): Se presume que algunos funcionarios podrían haber recibido dádivas o beneficios para favorecer a Kamamya S.A.
• Asociación criminal (Art. 239): la coordinación entre varios funcionarios y la empresa para cometer estos actos configuran un grupo organizado para delinquir.
• Falsedad de documentos (Arts. 246, 250, 251 y 252): podría haber existido manipulación o simulación de documentación para sustentar la adjudicación (documentos que simulan experiencia requerida, como compras a empresas vinculadas a la adjudicada).
• Lavado de dinero (Art. 196): si se usaron facturas o transacciones ficticias para encubrir el origen o destino de los fondos.

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Violaciones a las normas de Licitaciones

Según la denuncia, se habrían violado los principios de competitividad, transparencia y publicidad, exigidos por la Norma General de Licitaciones (por ej., Art. 2), como:

• Prohibición de ventajas indebidas (Art. 6): la importación previa de los pupitres indicaría acceso a información privilegiada, beneficiando injustamente a la empresa.
• Selección de la propuesta más ventajosa: El sobreprecio contraría la obligación de adjudicar en condiciones económicas más favorables.