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El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal fue denunciado, este miércoles, por supuesto prevaricato ante la Fiscalía, por el abogado Darío Antonio Resquín Martínez, quien ejerce la defensa del imputado Juan Leandro Marques Alvarenga en la causa caratulada como “Luan Chimenes Nascimento y otros s/ Ley N° 1881/2002 que modifica la Ley N° 1.340/88″, dentro del caso Pavo Real Py I.
De acuerdo con el relato presentado por profesional del derecho, el pasado 11 de julio los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Fabiola Molas y Elva Cáceres, acusaron a 24 personas procesadas en el caso Pavo Real Py I, como presuntos colaboradores del esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico al servicio del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
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En ese sentido, Resquín Martínez señaló que entre los acusados no fueron incluidos su defendido -Juan Leandro Marques Alvarenga, Ángela María Kunrath y Aroldo de Moura Pereira- pese a haber ejercido sus defensas correspondientes a través de defensores técnicos y no estar declarados en estado de rebeldía.
Añadió que el 9 de julio, dos días antes de que se presentara el requerimiento conclusivo de la Fiscalía, solicitó la fijación de una audiencia para Juan Marques, en vista a que no se le dio “suficiente oportunidad” para que haga su indagatoria ante el Ministerio Público, pero el juez no proveyó al respecto.
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Imputado pidió a juez que intime al Fiscal General
En base a lo señalado por el abogado Darío Resquín, y según lo establecido en el artículo 139 del Código Procesal Penal (CPP), referente a la perentoriedad en la etapa preparatoria, “solicité al juez a que intime al Fiscal General del Estado para que requiera lo que corresponda en derecho en relación a mi representado”, en vista a que no hubo acción acusatoria sobre él.
Dicha solicitud tampoco fue atendida por el juez que no se expidió sobre ello, insistió el abogado Resquín.
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“Haciendo caso omiso a las peticiones de esta y de las otras defensas técnicas, en forma ‘arbitraria y prevaricando para encubrir la negligencia del Ministerio Público’, siete días después de la acusación, por AI N° 269 del 18 de julio de 2024, resolvió declarar la rebeldía y dictar orden de captura contra Alexandre Rodríguez Chimenes Larson, Juan Leandro Marques Alvarenga, Angel María Kunrath, Aroldo de Moura Pereira y Telma Elizabeth Grión”, detalló el abogado.
En otra parte de su denuncia Resquín expuso que el 19 de julio, presentó apelación general contra el AI N° 269 del juez Osmar Legal, quien el 22 de julio, providencia mediante, señaló sobre dicho recurso que antes de proveer lo que corresponde debía previamente cumplimiento al Auto Interlocutorio (AI) N° 269 y se proveerá.
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Resquín entonces planteó, ese mismo día, un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia de Legal, pues consideró que el argumento usado por el jueza fue “absolutamente ilegel e inconstitucional” porque “viola el debido proceso perceptuado por el artículo 256° de la Constitución Nacional”.
Juez y fiscales fueron acusados ante el JEM, por el caso Pavo Real Py II
En los últimos días de agosto, la hija del legislador fallecido el lunes 19 de agosto, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, Larissa Rodríguez Gomes, bajo patrocinio del abogado Óscar Tuma, presentó acusación este martes contra los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), señalando que los mismos incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
En el escrito presentado se señala que “la imputación se limita a describir de manera vaga general los supuestos hechos atribuidos a mi defendido, sin ofrecer detalles concretos que permitan establecer una relación lógica y directa entre los hechos denunciados y la participación”.
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En otro apartado sostiene que la existencia del hecho punible sin acompañamiento de pruebas constituye una violación a los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Además, indica que los fiscales actuaron arbitrariamente porque no expusieron una argumentación detallada y motivada en la imputación.
Entre otros aspectos, la acusadora indicó otros hechos como la falta de precisión en la participación de los imputados, la inexistencia de descripción precisa del hecho y, la extinción de la causa respecto a Lalo Gomes. Sobre este último punto, sostiene que al momento de presentar la imputación, uno de los investigados ya estaba muerto.
Previamente a esta acusación, ya habían presentado una contra el juez Osmar Legal, señalando cuatro errores en los que incurrió el magistrado al momento de emanar su orden de allanamiento en el marco del caso Peacock (pavo real en inglés) o Pavo Real Py II. Entre ellos el lugar de la dirección, la falta de justificación clara para el allanamiento nocturno, la falta de identificación de las personas a detener y la duración del mandamiento no especificada.