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Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta y Luis Piñánez formularon nueva imputación en la causa caratulada como “Wilfrido Adrián Cáceres Flores s/ enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”. En la misma, se investiga al exasesor financiero de la Municipalidad de Asunción Wilfrido Cáceres, su esposa Ruth Jazmín Da Silva Almirón y a Elvira Gómez Ortiz de Ramírez, quien es madre de Camila Ramírez Gómez, asistente de la pareja de Cáceres.
Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva y Camila Ramírez ya habían sido imputados el pasado 13 de mayo por el fiscal Silvio Corbeta también por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La presentación del Ministerio Público es una imputación dentro de la misma causa en la que se incluye ahora a Elvira Gómez, madre de Camila Ramírez, como presunta participante en los ilícitos investigados.
En la primera imputación, de mayo último, la investigación se centró sobre el lujoso inmueble asentado sobre dos terrenos de la ciudad de San Lorenzo, y los cuales fueron adquirido por la pareja Cáceres-Da Silva en el año 2020, por G. 50 millones cada uno y, luego, cuando ya estaba edificado habría simulado la venta del bien por G. 100 millones a Camila Ramírez.
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia decretó la prohibición de innovar y de contratar, también dictó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, y también trabó embargo preventivo sobre los inmuebles de San Lorenzo hasta cubrir la suma de G. 1.500.000.000 cada uno.
La medida del embargo preventivo también afecta a un inmueble ubicado en la ciudad de Ñemby, individualizado como Finca: 22.302 Fracción: 237, con Cuenta Corriente Catastral: N° 27-2145-15, hasta cubrir la suma de G. 1000.000.000. Este si bien figura a nombre de Lorenzo Irún Brusquetti, pertenece al exasesor financiero del intendente de Asunción Óscar “Nencho” Rodríguez.
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Matrimonio adquirió bienes con recursos obtenidos de forma ilícita, según MP
De acuerdo con el documento presentado por los fiscales Corbeta y Piñánez, tras el allanamiento realizado a la mansión de Wilfrido Cáceres, se constataron nuevos elementos que señalan la participación de otras personas, las cuales habrían recibido beneficios financieros con la adquisición de otros bienes, uno de ellos en Ñemby donde se edificó entre 2022 y 2023 una importante vivienda.
Sobre este bien, los fiscales señalan que habría sido ocultado por Cáceres de forma intencional de su patrimonio, a través de una cesión de derechos simulada a favor de una tercera persona quien sería de su entorno de confianza, a los efectos de evitar su eventual comiso, ante el conocimiento de que estaban sometidos a una investigación patrimonial.
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Además, las fuentes ilícitas de las cuales se sospecha que fueron obtenidas por el funcionario Wilfrido Cáceres, durante el ejercicio de sus funciones como Asesor de la Junta Municipal, Director General de Gabinete y Director General de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, desde el 2018, habrían sido sido invertidas en compra de bienes raíces, como terrenos, construcción de viviendas, compra de rodados y adquisición de otros bienes.
Según los datos obtenidos a través de un informe de correspondencia de la Contraloría General de la República, dichos bienes adquiridos por el matrimonio, fueron comprados y pagados con posterioridad a su ingreso a la Municipalidad capitalina, y ocultados de su patrimonio.
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En un año, matrimonio pagó terreno y edificó otra mansión
Es así que, según los datos de la investigación los actualmente imputados Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva, el 1 de febrero de 2018, según se constató en una boleta compra venta original con timbrado Nº 0004919, que fuera incautada de la lujosa casa del barrio Lote Guazu de San Lorenzo, habían adquirido en 48 cuotas un inmueble identificado con Cuenta Corriente Catastral Nº 27-2145-15 identificado como Finca N° 22302 de Ñemby.
Los investigadores señalan en su escrito que el sistema de pago fue establecido con una entrega inicial de G. 20.000.000, con la suscripción de dos pagarés por la suma de G. 20.000.000 con vecimiento el 20 de febrero de 2018 y de G. 5.000.000 con vencimiento del 1 de julio de 2018.
En tanto que el saldo, en un pagaré por valor de G. 107.808.000, pagaderos en 48 cuotas mensuales iguales de G. 2.246.000. De esta forma, el valor total del terreno alcanzó G. 166.706.000, incluyendo los intereses. A pesar de que la firma del contrato se habría dado un tiempo antes de su ingreso a la institución, la totalidad de las cuotas ya fueron abonadas en el periodo de sospecha del supuesto enriquecimiento de Wilfrido Cáceres.
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Además, se constató a través de la factura Nº 001-002-0025249 correspondiente al 23 de mayo de 2023, que el matrimonio canceló la totalidad del contrato N° 4919. Dicho comprobante fue expedido a favor de Cáceres y Da Silva por la empresa Irún Inmobiliaria SA, la cual informó a la Fiscalía que pese a que se cancelaron los pagos, la pareja aún no inició los trámites de escrituración.
El matrimonio, siempre según la imputación, entre febrero de 2022 y julio de 2023, habría edificado sobre su terreno cancelado, una importante vivienda de dos plantas fuera de sus posibilidades financieras, considerando la masa de bienes adquiridos durante el periodo de tiempo, que es objeto de investigación.
Cedieron derechos a mamá de asistente
A través de las diversas documentaciones obtenidas, los fiscales resaltaron que Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva habrían realizado la cesión de derechos sobre el inmueble de Ñemby a Elvira Gómez Viuda de Ramírez, así como las facturas de impuestos y tasas a la construcción expedida por la Municipalidad de Ñemby a nombre de ésta última.
Además, se cuentan con contratos y recibos de pagos de equipamiento de muebles de cocina hechos por el matrimonio en 2024, entre otras documentaciones que denotan que el matrimonio realizó constantes inversiones económicas en la casa de Ñemby hasta hoy, como el equipamiento de la cocina de la misma por G. 18.500.000, de acuerdo al contrato del 17 de abril de 2024 suscrito por Wilfrido Cáceres con la empresa proveedora, cuando supuestamente ya pertenecía a una tercer persona.
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En ese contexto, la supuesta titularidad sobre el terreno alegada por los mismos imputados en el proceso penal, se contrapone con la cesión de derechos realizada ante una escribana pública donde el matrimonio vendió y cedió sus derechos sobre dicho inmueble a la Elvira Gómez, por la suma de G. 115.000.000, madre de la coprocesada Camila Ramirez.
Para los investigadores existe la suficiente sospecha, que Elvira Gómez de Ortiz viuda de Ramírez habría colaborado con esta conducta de ocultación y de frustración del comiso de este inmueble sito en Ñemby, simulando la compra y obtención del mismo a sabiendas de su verdadero origen, con el afán de permitir que el matrimonio continúe con el uso y goce de este segundo bien adquirido y construido fuera de los parámetros financieros reales del citado matrimonio.