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El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), la Campaña Itaipu es también Soberanía, del Partido Paraguay Puahyrä, el partido País Solidario (PPS), el partido Paraguay Tekopyahu (PPT), la organización Escuelita Patriótica, Sociedad y Desarrollo, la iniciativa Itaipú Causa Nacional, el partido Frente Amplio (PFA) y la Campaña Iguales Soberanía y Resarcimiento en Itaipú presentaron ayer en la Cancillería Nacional una nota exigiendo el ejercicio de la soberanía y la auditoría de Itaipu, para que Paraguay tenga reclamos fundados al revisar el Anexo C de Itaipú, explicó Ricardo Canese.
Recordó que el equivalente brasileño a la Contraloría, el Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil se encuentra auditando Itaipú, que es una desventaja entreguista que Paraguay no haga lo mismo, dijo.
“Exigimos que el Gobierno de Santiago Peña ejerza la soberanía, somos un país soberano, no una provincia de Argentina, ni un Estado del Brasil, debemos exigir lo que se establece el Acta de Foz de Yguazú, en el Tratado de Itaipú y también en el Acuerdo Lugo-Lula, porque está claramente establecido que la ANDE puede exportar a precio de Mercado la energía que no consumimos”, manifestó el profesional.
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Agregó que en segundo lugar exigen la auditoría sobre diez aspectos de energía, porque se presume que hubo uso abusivo de los beneficios hidroeléctricos a favor de la gran empresa brasileña.
Así mismo se audite, sobre la potencia instalada, la potencia contratada, la reserva de potencia y sobre la deuda de Itaipú, así como lo establece el Anexo C.
Recordó que se debe revisar en base a la energía y la potencia contratada y en base a la deuda. “Ademas exigimos que se tenga una agenda sobre la revisión del tratado del Anexo C y, al parecer, la Cancillería no tiene, porque no ha dado a conocer ningún punto.
Sobre la renta eléctrica, manifestó que nuestro país ya puede tener beneficios con la simple reducción del costo y, más aún, si se ejerce la soberanía, para fortalecer el sistema eléctrico paraguayo con el objeto de disponer de una energía eléctrica de calidad y mucho más barata para sectores sociales, especialmente para que las mipymes tengan una tarifa más baja para generar empleos y también para que las juntas de saneamiento.
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Por su parte, Heriberto Bobadilla, del Partido Paraguay Pyahura afirmó la política del presidente Santiago Peña es de entrega, de sumisión a los intereses de la gran oligarquía brasileña, que presiona al Gobierno de Lula, para que nuestro país no acceda a su derecho soberano.
A su vez, David Campos, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) dijo que también debe poner sobre la mesa negociación la auditoría, que ya realizó la Contraloría General de la República, en la que se ratifica la Deuda Espuria, porque hasta ahora no se escuchó que el Gobierno exija resarcimiento, ni siquiera que ponga en la mesa de negociación. Y, también, que no solo se exija al Brasil las reivindicaciones mínimas, por ejemplo, que se contrate no solo el 20%, sino 50% de lo que nos corresponde y exportar eso a precio de mercado al Brasil o terceros países.