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Este juicio oral y público derivado del atentado ocurrido en el Ja’umina Fest de San Bernardino, tiene como protagonistas a dos policías: el suboficial inspector Ramón Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú y el suboficial superior Félix Ayala Caballero, del Departamento de Judiciales.
El juzgamiento está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Olga Ruiz e integrado por Inés Galarza y Víctor Medina.
Los agentes fueron acusados por frustración de la persecución y ejecución penal, tras ser identificados como las personas que habrían alterado los datos sobre la orden de captura de José Luis Bogado Quevedo, de 38 años.
Esta situación permitió que Bogado se desplazara con total libertad en territorio nacional, pese a que desde diciembre del 2018 contaba con orden de detención a pedido de la justicia brasileña. En el vecino país, Bogado tiene una condena de 17 años, 3 meses y 903 días multa por organización delictuosa.
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Narcotraficante prófugo fue baleado en el “Ja’umina Fest”
Esta situación salió a luz tras el tiroteo ocurrido durante el “Ja’umina Fest”, en San Bernardino, el 30 de enero del año pasado, donde murieron la influencer Cristina “Vita” Aranda y el supuesto narco Marcos Ignacio Rojas Mora.
En la ocasión, resultó herido José Luis Bogado Quevedo, quien luego detenido en un hospital, tras constatarse sus antecedentes.
La investigación relacionada al ataque permitió conocer que dos agentes de la Policía estaban involucrados en la alteración del prontuario informático de Bogado Quevedo.
Según el registro informático del sistema policial, tras el registro de la orden de detención y la confirmación de carga en el sistema, realizados por otro agente, los ahora acusados habrían ingresado 11 veces más para alterar los datos referentes a la orden de detención existente contra Bogado.
De acuerdo a la acusación, el suboficial Ayala Caballero, con usuario “Ayala”, lo hizo en cinco ocasiones y el suboficial Vargas Espinoza con usuario “Vargas”, en seis ocasiones.
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Policías acusados habrían alterado datos de prófugo 11 veces
La detención preventiva nacional con fines de extradición de José Luis Bogado Quevedo fue decretada el 27 de diciembre del 2018 y el oficio correspondiente se cargó en el sistema informático de la Policía Nacional de 4 de enero del 2019.
El jefe de la dirección Técnica y Científica de la Policía, comisario general inspector Francisco Andino, detalló en su momento las principales alteraciones detectadas.
El 6 de enero de 2020, el usuario “Ayala” -que corresponde al suboficial Félix Antonio Ayala Caballero- cargó al perfil de Bogado un oficio con fecha 12 de diciembre de 2019, dictado por el juez penal de garantías Rolando Duarte en esa causa.
Con la modificación “en el Estado figuró solo ‘antecedente’ y en este apartado es donde tenía que decir ‘orden de detención preventiva con fines de extradición”, explicó Andino.
Añadió después que “es probable que en esta ocasión haya ingresado un oficio que pudo ser un levantamiento de la orden de captura u otro que no tenía nada que ver con la causa (de Bogado)”.
El 20 de mayo de 2020, “Ayala” carga un AI del juez Rolando Duarte. Con esto volvió a aparecer en el “Estado: Antecedentes” y en “Situación: Sobreseimiento”, cuando tenía que decir en “Estado: detención preventiva”.
El 23 de abril de 2021, el usuario informático “Vargasr” -correspondiente al suboficial Ramón Balbino Vargas Espinoza- carga otro oficio con fecha 20 de abril de 2021, cambiando la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; y un AI de “homologación de acuerdo conciliatorio”. Con esto aparece en el “Estado: Antecedentes” y en “Situación: Extinción de la acción penal”.
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“Esta fue la fecha en que erróneamente el suboficial Vargas, de Ñeembucú, cargó datos sobreponiendo otra causa a la principal y que dicha situación ocultó del sistema la orden de captura para Bogado que figuraba en el sistema”, señaló Andino.
Por último, el 31 de enero de 2022, un día después del ataque, el usuario “vargasr” ingresó a la ficha de Bogado y alteró todos los datos volviendo al estado original.
Sin embargo, este ingresó nuevamente por última vez, ese mismo día, y cambió la causa de “incumplimiento del deber legal alimentario” a “detención con fines de extradición”, manteniendo los otros datos ya cargados.