Ejecutivo vetó proyectos de ley que beneficiarían a Secretaría de Cultura y Poder Judicial

A través de decretos, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó totalmente dos proyectos de ley a través de los cuales se solicitaba, por un lado, la ampliación de presupuesto para la Secretaría Nacional de Cultura y por el otro, fijar un salario mensual para actuarios judiciales y electorales.

El presidente Mario Abdo Benítez durante la conferencia de prensa desde Itaipú.
El presidente de la República, Mario Abdo BenítezGentileza

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A través del Decreto N° 7986, firmado el pasado 10 de octubre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó el proyecto de ley N° 6991/2022 “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por la Ley N° 6873, de fecha 4 de enero de 2022″ para la Secretaría Nacional de Cultura.

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Uno de los argumentos del proyecto de ley presentado, indicaba que la ampliación del presupuesto era requerida para realizar trabajos de restauración en la Sacristía de la iglesia San Buenaventura de la ciudad de Yaguarón.

Al respecto, el Ejecutivo que el proyecto no cuenta con sustento técnico de que los ingresos para su financiamiento serán “efectivamente percibidos”.

Mario Abdo Benítez vetó proyecto de ley que beneficiaría a funcionarios de la Justicia Electoral
Mario Abdo Benítez vetó proyecto de ley que beneficiaría a funcionarios de la Justicia Electoral

Por otro lado, Abdo también vetó, a través del Decreto N° 8007, el proyecto de ley N.° 7000/2022, “Que modifica el artículo 1° de la Ley N.° 4992/2013 “Que reglamenta, modifica y amplía las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial”, e incorpora a los actuarios de la Justicia Electoral”.

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De acuerdo al documento, el proyecto de ley en cuestión pretendía fijar un salario mensual para los actuarios judiciales y electorales, equivalente al sesenta por ciento del monto recibido en concepto de salario por los jueces de Primera Instancia del país, más las bonificaciones correspondientes del cargo.

Sobre el mismo, el Ejecutivo indicó que implica “una transgresión al principio general de la responsabilidad fiscal, relativo a asegurar el equilibrio entre ingresos y egresos”.

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