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“Lo que más contribuyó al enrarecimiento del ambiente fue que, por primera vez en la historia de Itaipú, un tema no fue resuelto dentro del ámbito de Itaipú y se tuvo que elevarlo a nivel de las altas partes contratante (cancillerías), y con un resultado de escándalo político. Opino que esa definición del acuerdo operativo del año 2019 fue la apropiada y se desperdició la ocasión para plantear mantener en el 2022, y tal vez 2023, la misma tarifa del año 2021″, agregó.
Explicó que hasta entonces el ambiente dentro de Itaipú era normal, las tratativas cordiales y con tradición de siempre arribar a un arreglo. “Entonces Eletrobras pedía a la ANDE la contratación de más potencia firme (energía cara) que representaría un incremento en la factura de ANDE de unos US$ 60 millones anuales y un total de unos US$ 250 millones en cuatro años. Pero en el ambiente de negociación era pertinente o propicio para que la ANDE planteara mantener la tarifa del año 20211 en el año 2022. Así se produciría un saldo disponible en Itaipú de unos US$ 620 millones que repartido equitativamente resultaba hasta levemente positivo a Paraguay. Era un resultado ganar - ganar”, dijo.
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Agregó que se prefirió “patear el tablero”. “Me parece razonable primero cerrar el tema tarifario, un tema menor, para encarar en buen ambiente lo importante: la revisión del Anexo C”, señaló.
Comentó que con la demora se debería aprovechar y refinar nuestras propuestas o lo que se vino sugiriendo: elaborar propuestas y arreglos creativos, innovadores, acordes con los enormes cambios que se están produciendo en la industria eléctrica y en las energías en general. “Pero estas ideas no parecen ser comprendidas ni de interés ni de los “policy makers” ni los “decisión makers”, ni de nadie”, concluyó.
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