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El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro, justificó la existencia del subsidio a los transportistas y el aumento de los desembolsos que se otorga a los empresarios que prestan el servicio, esto alegando que de eliminarlo será más caro el precio del pasaje que abona el usuario. Sin embargo, el Gobierno no transparenta los datos que definen esos montos, por lo tanto no existe garantía de que ese valor sea realmente lo que corresponde para dichos pagos.
Las declaraciones las brindó esta mañana la diputada Kattya González, durante una audiencia pública desarrollada por el “Frente Parlamentario contra la corrupción e impunidad”.
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El viceministro indicó que el subsidio es el resultado de una fórmula que define los costos operativos y la cantidad de usuarios para identificar los ingresos necesarios para cubrir el servicio, que es la tarifa técnica. Destacó que ese cálculo se actualiza cada mes, y teniendo en cuenta que en esa estructura, el combustible representa el 42%, es por eso que aumenta la asistencia estatal, justificó.
Cabe mencionar que en el primer trimestre de este año ya alcanzó el total de los recursos otorgados a los empresarios en 2021, de unos US$ 10 millones. Además se requirió al viceministro que divulgue la información generada mediante el billetaje electrónico, como la cantidad de buses operativos con el detalle de horario de frecuencias y usuarios, y los datos abiertos, como se da en países de la región.
Técnicos en transporte masivo explicaron que los costos operativos establecidos en la tarifa no coinciden con la prestación real, sobre todo con los ahorros que logran los empresarios aplicando “reguladas” por lo que se paga por un servicio ideal, y no lo que realmente vale.
Parte de la estructura de gastos está el pago de salarios de choferes, que según denunciaron, tampoco se cumple. Los trabajadores cobran por itinerario recorrido, conocido como “redondo”, muchos no tienen salario fijo ni seguro social, pero el Gobierno sigue generoso.
Transporte público: Urge reforma
Por otra parte, la diputada Kattya González destacó la necesidad de aplicar una reforma urgente al sistema de traslado masivo de personas en el Área Metropolitana del departamento Central y ciudades cabeceras del país, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad del precio internacional del combustible. Recalcó que el servicio actual es deficiente, caro y contaminante, frente a lo que podría ser con la movilidad eléctrica, ya que se podría aprovechar que el país cuenta con dos hidroeléctricas.
La diputada recordó que con la ley de transparencia se pudo conocer que los fondos sociales de las entidades binacionales son utilizadas en cuestiones que no benefician a la ciudadanía y consideró que esos recursos podría ser destinados para promover la electromovilidad.
Por su parte Alejandro Zuccolillo, empresario de transporte, comparó la realidad de Paraguay con el de Noruega, que está entre los países que más exporta petróleo. Detalló que el 92% del parque automotor de dicho país es eléctrico, situación que fue posible mediante una serie de incentivos para que la ciudadanía aproveche una movilidad menos contaminante.
Mencionó que este sistema de movilidad va de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que avanzar en la disminución de agentes contaminantes atraerá beneficios al país por avanzar en el cumplimiento de este plan, como acceso a créditos más flexibles.