Organizaciones exigen mantener tarifa de Itaipú

Las organizaciones Campaña “Itaipú 2023, Causa Nacional”, el Cipae y la Campaña “Itaipú es también soberanía” del Partido Paraguay Pyahurã piden que no se baje la tarifa de Itaipú, que se debería definir este mes.

Rubén Penayo, Lucio Godoy, Heriberto Bobadilla, Beatriz Pompa y Mercedes Canese, antes de la presentación de la nota de reclamo en Itaipú.
Rubén Penayo, Lucio Godoy, Heriberto Bobadilla, Beatriz Pompa y Mercedes Canese, antes de la presentación de la nota de reclamo en Itaipú.

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La Itaipú Binacional tiene todavía indefinida su base presupuestaria, que es una fase previa para definir la tarifa del 2022 y hasta ahora no existe un acuerdo al respecto. El plazo estipulado para definir la tarifa del ente vence este mes, según se informó el mes pasado en una rueda de prensa.

Por su lado, en el Brasil, ya desde finales de diciembre del año pasado, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) aprobó, “provisionalmente” para el ejercicio 2022, una reducción del 11,89% la tarifa de transferencia a las distribuidoras de ese país de la energía que produce la hidroeléctrica paraguayo-brasileña Itaipú.

En ese contexto, las organizaciones Campaña “Itaipú 2023, Causa Nacional”, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y Campaña “Itaipú es también soberanía/Partido Paraguay Pyahurã”, reclamaron por nota a los consejeros paraguayos del ente que no bajen la tarifa de exportación de Paraguay a Brasil en Itaipú y que los recursos adicionales se destinen a la ANDE, para que amplíe la tarifa social y mejores su infraestructura eléctrica. También proponen que Itaipú colabore para llegar a los culpables de la deuda espuria.

Los representantes de dichos grupos presentaron ayer dos notas dirigidas a Itaipú, a propósito de la próxima reunión que tendrá el Consejo de Administración de la binacional el próximo miércoles 23 de este mes.

La segunda nota de las organizaciones citadas fue para solicitar una audiencia con el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres. El objetivo es pedir datos y pruebas para el procesamiento judicial de los causantes de la deuda espuria, así como para recuperar lo pagado demás, con miras a la revisión del Anexo “C” desde agosto de 2023.

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