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La fiscala María Estefanía González se mostró molesta ayer por publicaciones sobre el cajoneo de un pedido realizado por el ministro Anticontrabando, Emilio Fúster, quien había solicitado el allanamiento a tabacaleras cuyas marcas fueron encontradas en poder de contrabandistas.
Fue luego de un procedimiento realizado el 18 de diciembre de 2018.
El operativo estuvo encabezado por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) y contó con el apoyo de 70 hombres de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tres fiscales de la capital y 16 funcionarios del Ministerio Público.
En la oportunidad, los intervinientes decomisaron 30 embarcaciones, 19 rodados y casi 5.000 cajas de cigarrillos, en su mayoría fabricados por Tabacalera del Este SA, firma del expresidente Horacio Cartes, de acuerdo a los informes brindados tras el procedimiento.
Fúster remitió el pedido de allanamiento el 27 de diciembre de 2018.
Los fiscales encargados del procedimiento fueron María Estefanía González, Diego Zilbervarg y Carmen Gubetich de Catoni. Ninguno dio cumplimiento a lo solicitado por Fúster.
Fiscala molesta
La fiscal María Estefanía González fue quien conversó ayer con medios colegas y se mostró molesta por las publicaciones sobre el cajoneo al pedido.
“Sobre esa carga incautada, hubo condenados y la causa sigue abierta. Los verdaderos dueños de esa carga se presentaron porque al principio pensaron que esta causa iba a terminar así nomás”, afirmó.
“Fúster está queriendo decir que no hice mi trabajo”, dijo en tono de molestia ayer durante su gira por medios radiales.
Estibadores
La propia Fiscalía General del Estado emitió un comunicado ayer en el que se jactó de haber conseguido una condena “en tiempo récord”. El propio documento señala que “se obtuvo una condena de cuatro años para los autores”.
Sin embargo, ni González ni la Fiscalía General aclararon que los condenados fueron estibadores hallados en los puertos clandestinos y que estaban preparando los cargamentos de cigarrillos para su envío al territorio brasileño.
De igual manera, tanto González como el comunicado del Ministerio Público aseguraron ayer que se abrieron nuevas causas en el marco de esta incautación. Sin embargo, no hicieron la aclaración de que el propio tribunal que juzgó la causa el que señaló la necesidad de realizar el seguimiento sobre dueños de las barcazas y las cargas.
No explica cajoneo
González no dio mayores detalles del porqué decidieron junto a sus colegas ignorar el pedido de allanamiento a las tabacaleras.
“La SET nos informó que las tabacaleras estaban en orden”, sostuvo.
Sin embargo, González no hizo ninguna referencia a la intención de seguir el camino del dinero que motivó el pedido de Fúster.
El pedido explicaba claramente que lo que se buscaba era “verificar e incautar las documentaciones que acrediten la comercialización de las mercaderías a terceras personas residentes en la ciudad de Salto del Guairá”.
En concreto, se buscaba la verificación de facturas contado o a crédito, recibos de pago, recibos de depósitos y libros obligatorios de comercio.
Según lo que señalaron voceros de la UIC a ABC Color, lo que se buscaba era hacer el seguimiento del dinero y aclarar la forma en la que los productos terminaron en poder de los contrabandistas que utilizaban los puertos clandestinos para remitir las mercaderías al lado brasileño.
Denunciada
González tiene varios antecedentes en su haber. En 2019, fue apartada de la Fiscalía Anticontrabando luego de que varios entes nacionales exigieran su remoción por intentar liberar un cargamento de azúcar supuestamente de contrabando.
Ahora es la responsable de investigar la denuncia por declaración jurada falsa contra Horacio Cartes, causa que está paralizada.