Cargando...
“Necesitamos profundizar las investigaciones con la Fiscalía. Potenciar más nuestro trabajo de inteligencia con Seprelad, no solamente quedarnos con la carga, necesitamos realmente llegar a los grandes financistas”, afirmó el Ministro Coordinador Ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), Emilio Fúster, uno de los invitados a la reunión convocada por la Comisión Permanente del Congreso.
Lea más: En Foz de Yguazu destruyen cigarrillos de contrabando por valor de casi USD 90 millones
“Solamente quedarnos con la carga no es la solución, necesitamos cortar el oxígeno los grandes contrabandistas y capitalistas”, insistió Fúster, quien respaldó las propuestas de modificaciones presentadas por varias instituciones.
Como medida concreta, propuso que como autoridades tengan facultades para que en comercios donde se “encuentren productos de origen ilegal, productor informales en este caso, se pueda tener la competencia de incautar inmediatamente y lógicamente clausurar en forma provisoria ese local comercial por 10 o 12 días”.
Usar bienes de contrabandistas contra ellos mismos
A través de sus representantes, la Policía Nacional planteó dos medidas concretas: La creación de una unidad de inteligencia centralizada y modificar el Código Aduanero para que los bienes comisados a los contrabandistas puedan ser aprovechados por las instituciones para la represión a ese mismo delito.
Lea más: El impacto del contrabando en los comercios
El Crio. Ppal. Ricardo Borja junto al Crio. Carlos Duré, en representación de la Policía, puntualmente propusieron la creación de un Centro Integrado de Cooperación Anticontrabando, ya que según explicó Borja, “sí o sí necesitamos este centro integrado de cooperación para que podamos procesar la información de cerca y llegar a los financistas”.
La segunda propuesta fue la de modificar la Ley 2422 del Código Aduanero en sus artículos 346 y 347, a fin de que los bienes comisados, tales como vehículos por ejemplo puedan ser transferidos a las instituciones encargadas del control.
Duré afirmó que en la mayoría de los países se aplica este mecanismo “de la utilización de los bienes incautados contra la propia organización criminal, lo que vos le quitas poder utilizarlo contra ellos”.
En este punto hubo un pequeño disenso, ya que la Directora Jurídica de Aduanas, Giselle Lampert afirmó que la modificación de los mencionados artículos de la Ley que reglamenta las labores de su institución no es la más indicada para dicho efecto, y recordó que Aduanas no tiene injerencia sobre los bienes comisados e incautados, sino que es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados e Incautados (Senabico) la encargada.
También acotó que existe una ley específica que regula la administración de los bienes comisados. No obstante, el debate culminó sin mayores diferencias, acordando la posibilidad de buscar consensuar el punto.
Aumento de penas para evitar medidas alternativas
Ante la queja generalizada de que otro inconveniente grave es que muchas veces se detiene a los contrabandistas, pero rápidamente son favorecidos con medidas alternativas a la prisión, la representante de Aduanas, Lampert sostuvo que plantean el aumento de penas, teniendo en cuenta que quienes son detenidos por delitos con hasta cinco años de expectativa de pena, suelen ser beneficiados con no ser remitidos a prisión.
“Teniendo un marco penal mayor sería también menor la cantidad de alternativas para dar una salidas procesales diferentes a la prisión”, consideró, indicando que el delito de contrabando podría llegar incluso hasta los 10 años de pena.
El Centro de Importadores de productos que no son de primera necesidad también planteó una problemática que pareciera ser mínima a los ojos de las autoridades, como es el caso de las “bolsoneras”, que sin embargo, ellos advierten que hay toda una estructura organizada y que les representa pérdidas del 50% de sus ganancias anuales.
Indicaron que esta modalidad delictiva es considerada “bagatelaria”, por tratarse en general de robos menores a G. 800.000, sin embargo, al no ser procesados los responsables, se vuelve una actividad diaria. Por ello, también pidieron aumentar las penas contra esta actividad delictiva.