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El juez Otazú admitió hoy la imputación presentada por la fiscala María Estefanía González a los cinco integrantes de Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que son José Antonio Ortiz Báez, Carmen Alonso, Ricardo Núñez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez), Omar Mongelós (hermano del titular de Sinafocal, Alfredo Mongelos) y Rubén Rousillón, además de Raúl Silva, exmiembro de Conajzar; Álvaro Wasmosy, dueño de la firma Technologies Development of Paraguay SA (TDP), y Sergio Coscia, exprocurador de la República. Los citados se encuentran procesados por supuestas irregularidades en gestiones de juegos de azar, tanto del sector público, como privado, específicamente en lo relacionado a la explotación de la quiniela, ”legalización” de tragamonedas y la reducción de canon a concesionarias.
Cabe señalar que los responsables de la empresa “reguladora” de tragamonedas, iCrop SA, cuyo representante legal es Humberto Acuña y sus accionistas son Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, no fueron imputados hasta el momento.
La audiencia de imposición de medidas fue fijada para el 19 y 20 de enero del presente año. La Fiscalía pidió medidas alternativas a la prisión, como prohibición de salir del país sin previa autorización del Juzgado Penal de Garantías, la obligación de fijar un domicilio determinado y la prohibición de cambiarlo sin comunicación previa al juzgado, presentación de una caución real y las medidas que el juez Otazú considere necesarias.
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La imputación se da en el contexto de la denuncia de senadores presentada a fines de agosto del año pasado, quienes presentaron el documento ante las publicaciones periodísticas referente al plan de “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos por Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15. Los legisladores sospechan que se trata de la creación de una mega estructura para la obtención de recursos ilícitos y lavado de dinero, teniendo en cuenta que la expectativa de recaudación es de US$ 1,5 millones y de ese monto, sólo el 30% ingresaría al fisco.
Además, se tuvo en cuenta la adjudicación de la quiniela a la empresa TDP, a pesar de que se encontraba supuestamente morosa con el fisco y la reducción del canon a las concesionarias en plena pandemia, lo cual fue calificado por los senadores de ilegal.
Cabe recordar que en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley para regulación de los juegos de azar presentado por José Ortiz y que fue duramente cuestionado por el sector privado por centralizar el control, sin considerar los mecanismos de transparencia ni participación, entre otros aspectos. En el Senado también está en estudio el proyecto de ley de tragamonedas, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, y cuyo objetivo es anular el contrato con iCrop SA. Las dos propuestas quedaron pendientes de tratamiento para el retorno del receso parlamentario.
