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Para identificar a los funcionarios responsables de la deuda espuria de Itaipú, un equipo de peritos evaluará el informe de la CGR sobre el tema. El mismo estará conformado por el especialista paraguayo-norteamericano, Miguel Carter; el General (R) Juan Antonio Pozzo Moreno y el ingeniero Ricardo Canese.
Los tres expertos tendrán un plazo de treinta días, a partir de esta semana, para evaluar el documento del ente contralor y emitir un dictamen en relación a los funcionarios que hayan tenido participación en la deuda espuria, así como su nivel de responsabilidad. Dicho dictamen será enviado a las personas mencionadas, que también tendrán treinta días para dar su parecer sobre lo elaborado por los peritos. Tras dichos procedimientos, se realizará una asamblea, coordinada por el monseñor Mario Melanio Medina, en la que se emitirá una opinión sobre los posibles responsables de la deuda espuria.
El monseñor Medina, del Cipae, recordó que lo primero que hicieron fue pedir al Parlamento la creación de la Comisión de Verdad y Justicia sobre Itaipú. Para ello, presentaron el 30 de agosto pasado al Congreso Nacional un proyecto de ley en el que se solicita que la citada comisión esté constituida por un representante de la CGR, un representante del Cipae y un representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). “No sabemos si lo van a tratar o cuándo lo harán”, añadió.
La segunda iniciativa fue conformar esta Plataforma Ética Ciudadana. “Un equipo de peritos evaluará, y una vez que esté hecho el trabajo de nuestros fiscales “ad hoc”, ellos nos dirán a quiénes tenemos que interpelar”, puntualizó.
Por su parte, el comunicador Rubén Penayo, en representación de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, refirió que se trata de conformar esta plataforma a partir de los artículos 26 y 32 de la Constitución Nacional, que permite a los ciudadanos la libertad de expresión y opinión, así como de organizarse.
“Lo que queremos es tener un juicio, aunque no en términos legales, sino una valoración ética acerca del comportamiento de los funcionarios paraguayos vinculados al dictamen generado por la Contraloría General de la República, de los US$ 4.193 millones. Es decir, queremos saber cuál ha sido el nivel de responsabilidades de diversas personas que han ejercido la función pública y su vinculación con este hecho, que de acuerdo al dictamen efectivamente es una deuda espuria”, especificó.
Asimismo, el abogado Bernardo Insaurralde, que pertenece a la Iglesia Discípulos de Cristo y forma parte del Cipae, agregó que lo que interesa finalmente es que se haga justicia para el 2023, que es para cuando se tiene que estar estudiando sobre el tema de Itaipú. “Queremos que sea justa la repartición de la energía, pero no podemos pensar en el futuro sin pensar en el pasado. Tenemos un pasado bastante negro, donde consideramos que fuimos estafados. Y queremos tener la valoración de todo lo que ocurrió en el pasado para poder construir a partir de ahí un presente y futuro donde haya igualdad y equidad en la repartición de la energía”, manifestó.
Oliver Narváez, también del Cipae, expresó que otro de los objetivos de esta actividad es generar memoria colectiva y un espacio de participación ciudadana, para que la gente conozca lo que representa Itaipú y que se pueda llegar a un escenario propicio en el 2023, de manera a reivindicar y conquistar nuestros derechos relacionado a Itaipú. “Buscamos que los diferentes actores de la sociedad civil puedan conocer esa realidad, la ciudadanía esté informada y a partir de ahí, ejercer una presión social para tener un escenario idóneo para posteriormente tener la capacidad y la estrategia para tener un buen tratado”, concluyó.