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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por Resolución N° 4136/21, dispuso la anulación del segundo convenio suscripto a principios de este año entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el consorcio “Ticket Control (ETC)”, representado por Ángela Marien Ocampos, e integrada por las empresas V SAT SA (representada por José Tomas Insfrán Rivarola) y Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (Rogelio Ramón Franco Dávalos), según los datos disponibles en el portal de la DNCP.
Se trata del consorcio con el que la cartera firmó el contrato N° 670 en diciembre de 2019, por G. 27.080 millones (US$ 3,9 millones), para la instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico (ID 368.264), del Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular en ese entonces era Pedro Britos (actualmente el viceministro Víctor Sánchez Chamorro).
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El director de la DNCP, Pablo Seitz, constató una excesiva “generosidad” con la contratista, al firmar dos convenios que modifican sustancialmente términos del contrato original, en cuanto a la recepción de bienes, parte del software y sistema de ventilación y alarma, cuya función específica se desconoce ya que desde el VMT no la explican.
Seitz indicó que se detectaron dos convenios que pidió la contratista, de junio de 2020 y de enero del 2021. Esta alegó a MOPC que tuvo inconvenientes con sus proveedores a causa de la pandemia y por eso no pudo entregar los bienes.
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Por eso en el primer convenio se establecían cambios en el calendario de pago y la vigencia del contrato (que en principio era de 24 a meses para la recepción definitiva). Pero el que se anuló es el segundo, en el que modificaron el plazo de entrega, pues corresponde aplicar multa a la contratista infractora, según Seitz. Añadió que no se detectaron los documentos respaldatorios de dicho cambio. Tampoco se informó el nivel exacto de ejecución de contrato.
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Las firmas que integran el consorcio están ligadas a Édgar Melgarejo, extitular de la Dinac, acusado por la Fiscalía por presunta lesión de confianza en el caso de “tapa bocas de oro”, ya que ambas fueron beneficiadas con millonarios contratos bajo su gestión.
ABC quiso contactar con la contratista, pero no respondió las llamadas al teléfono que figura en DNCP.
“Cerebro” para definir el pasaje
Los datos generados con el cobro electrónico por el servicio de transporte público son clave para determinar el valor de la tarifa técnica, que define el precio del pasaje y el monto del subsidio que el Estado otorga a transportistas. La fórmula tiene como variables la cantidad de pasajeros y de buses, la demanda del servicio y la oferta para atenderlo, información que se concentra en el Centro de Control de Monitoreo del Billetaje Electrónico. Pese a la sensibilidad de los datos, estos no son de libre acceso, y según el Viceministerio de Transporte, se debe a que aún está en proceso de desarrollo del software.
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