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Fuentes de Presidencia confirmaron la promulgación pero mencionaron que el documento sería publicado recién el lunes en la web de los decretos del Ejecutivo. La propuesta originalmente buscaba modificar la Ley que regula a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), incluyendo a las tabacaleras y a los clubes entre sujetos obligados de control, son considerados rubros directamente ligados al delito de lavado de activos en Paraguay.
Sin embargo, el cartismo y sus aliados en la Cámara Baja había logrado bastardear la Ley y excluir a estos dos sectores de la obligación de controles, con la excusa de que supuestamente los mismos ya estaban sometidos -aunque no taxativamente- con la ley vigente.
El expresidente Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, justamente tiene como principal actividad en su grupo empresarial la producción de cigarrillos a través de Tabacalera del Este S.A., cuyas marcas son las más decomisadas habitualmente en los controles anticontrabando tanto en nuestro país como en el Brasil, destino preferido para la producción paraguaya.
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Si bien el tabaco es considerado una droga legal, en los últimos tiempos incluso se ha relacionado el contrabando de cigarrillos con grupos criminales transnacionales dedicados al narcotráfico, comercio de armas y otros delitos, como el Primer Comando da Capital (PCC). El principal factor que hace que los cigarrillos paraguayos sean cotizados en el mercado negro, llegando incluso a América del norte, Europa y otros contienentes, es que al tener mínimos costos por impuestos, son muchos más baratos que en los países de destino.
El propio titular de Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC), Emilio Fuster, dependiente directo del Ejecutivo, reconoció que el tráfico de cigarrillos está en nuestro país directamente vinculado al lavado de dinero. En la práctica, las tabacaleras no exigen a sus compradores ningún dato que avale el destino final legal de la carga ni el origen de los fondos de sus compradores.
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Para muestra, un botón. No es difícil encontrar muestras tangibles de la vinculación del contrabando de cigarrillo con otros ilícitos, incluso solo hay que remontarse a recientes decomisos, incluso ayer viernes, donde fue interceptado un cargamento de cigarrillos, marihuana y réplicas de armas en Puerto Dorila, en zona del Lago Itaipú.
Este rechazo a la transparencia se da además a pocos días de una evaluación fundamental que debe hacer el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que el lunes inicia su estudio sobre los esfuerzos del Gobierno para evitar el lavado de dinero. Dicha evaluación es crucial para evitar que nuestro país sea ubicado en la lista gris de países que facilitan el lavado de dinero.
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En cuanto a los clubes de fútbol, la propuesta hacía relación a una práctica que realmente no es nueva, e incluso los proponentes de la Ley habían citado el caso del conocido narcotraficante Pablo Escobar, en Colombia, que utilizaba clubes de fútbol como una de las fachadas para el lavado de dinero, y en su caso el tráfico de cocaína.
En nuestro país, salvando las distancias, ya también hay antecedentes del presunto uso de clubes para dicho fin, como es el caso de los González Daher en Luque. El exsenador (cartista), Óscar González Daher, condenado por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y declaración falsa entre otros delitos y su hermano Ramón González Daher, también procesado por lavado de dinero y otros crímenes, fueron vinculados a un presunto esquema de lavado de activos a través del club Sportivo Luqueño.
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También hay sospechas sobre Cartes, que figura indirectamente como principal financista del Club Libertad, sobre cuyo millonario presupuesto para la contratación de su plantilla genera suspicacias, ya que si bien es uno de los clubes más tradicionales, no es uno de los más populares para considerar que se sustente en base a aportes de sus aficionados.