Cuestionan que el grupo de análisis del Anexo C convocara a responsables de la deuda espuria antes que a la Contraloría

Tras el informe de la Contraloría General de la República, demostrando la ilegalidad de parte de la deuda de Itaipú, el Grupo de Seguimiento y Análisis (GAS) de la Cancillería Nacional para la revisión del Anexo C, en vez de llamar al contralor o a los estudiosos del tema, convocó a uno de los responsables de la deuda a exponer “sus falsos estudios, que intentan justificar lo injustificable”, cuestiona la organización Itaipu ñane mba’e.

Última reunión del Grupo de Análisis y Seguimiento (GAS) para la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.
Última reunión del Grupo de Análisis y Seguimiento (GAS) para la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.Genti

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La organización Itaipú ñane mba’e hace referencia al informe del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), que señala que la “deuda vencida” de US$ 4.193 millones no afectó al Paraguay, ni a Itaipú ni a la ANDE. “Miente, miente que algo queda. Pero el pueblo está despierto y ya no cae en esas mentiras. No se puede seguir tapando el sol con un dedo”, sostienen.

Critican que ayer, tanto el canciller nacional, Euclides Acevedo, con el presidente de la ANDE, Félix Sosa; el director general paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, representantes de diversos ministerios y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República hayan participado de la decimoquinta reunión del Grupo de Análisis y Seguimiento (GAS), en la que el Ing. Héctor Richer, en representación del IPPSE, desarrolló la ponencia “Itaipú - principales negociaciones de la deuda con Eletrobras y tarifas aplicadas”.

En la conclusión de este informe del instituto de referencia, que aglutina a los técnicos que integraron los cuatro grupos de apoyo del Equipo Negociador que creó el presidente Mario Abdo Benítez, así como a exfuncionarios de Itaipú, Yacyretá, ANDE y de la Comisión Mixta paraguayo/argentina del río Paraná (COMIP), señalan que “la deuda vencida de US$ 4.193 millones ya fue pagada, cancelada en 1997-2001, mayoritariamente por Eletrobras”.

“La Procuradoría General de la República, según dictamen N° 20/97 del 25.04.1997, concluyó que las negociaciones fueron realizadas en el marco de la legalidad”, aseguran.

Recuerdan que la ANDE y la Eletrobras, con la aprobación de sus respectivos Consejos de Administración, participaron en los asuntos que requerían su previo parecer en las decisiones del Consejo de Administración de Itaipú, conforme a las normas. “Por lo tanto, en el hipotético caso de reclamar algo al Brasil, deberá tenerse en cuenta todo lo antes expuesto”, indican.

Por lo que Itaipú ñane mba’e se pregunta “¿qué podemos esperar de un gobierno que no toma en serio la estafa del siglo y el sistema de estafa que domina en Itaipú?”.

Sostienen que este gobierno “no tiene autoridad moral ni política para llevar adelante ninguna negociación, porque solamente están para la entrega”. “La ciudadanía es la única garantía de la soberanía”, concluyen.

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