Cargando...
Legal afirmó anoche en el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV de 19 a 20 horas, que en el caso de las firmas Eurotec e Imedic SA la investigación no está cerrada. Dijo que solicitará al Ministerio de Salud el sumario administrativo concluido, para luego determinar si hay elementos que ameriten ampliar la causa respecto a otras personas involucradas en el supuesto negociado por valor de G. 85.000 millones en la adquisición de productos hospitalarios de origen chino.
“Hay otros hechos punibles que están siendo investigados, pero con ciertos obstáculos por la información que llega desde el exterior; tenemos ciertos inconvenientes con eso”, manifestó Legal.
Con respecto al sumario administrativo, manifestó: “Todavía no tenemos esa conclusión de la autoridad administrativa. Al momento de la acusación contábamos con una información parcial, pero según los datos que manejamos ese sumario ya estaría concluido”, afirmó.
Crítica de diputada
La diputada Kattya González, en contacto telefónico, manifestó la importancia de “mantener viva la memoria colectiva”, al exponer aquella clase de procesos.
La legisladora fue denunciante del supuesto negociado junto a otros colegas.
Kattya refirió que aunque los hechos imputados no abarcan la totalidad del supuesto negociado, espera que sea elevada la pena aplicada en un eventual juicio oral.
Por otro lado, pidió a la Fiscalía que les otorgue mayor participación a los denunciantes de hechos de corrupción. “Hay una deuda histórica en ese sentido. Nos queda el sabor amargo -de- que los que participaron desde el sector público en este esquema no fueron incluidos en el proceso”, resaltó.
La semana pasada, el juez Humberto Otazú envió a juicio oral y público a Justo Ferreira y a su hija Patricia; al despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra y a los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas Camps y Gustavo Acosta Acosta. Los tres primeros están acusados como autores de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Los dos últimos están considerados como cómplices.
Introdujeron al país 50 camas hospitalarias de alta gama, de contrabando.