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Uno de los pilares apenas se sujetaba por una roca, los muros de contención estaban cediendo y el nivel de la ruta sobre el puente iba bajando. Todo eso pudo observar el fiscal Legal en las fotografías captadas por los pobladores antes de la caída del puente en Tacuatí, San Pedro. “El puente avisó de diferentes maneras”, agregó.
El agente del Ministerio Público señaló que ya conversó con varios testigos, quienes confirmaron que el puente estaba dando señales de que necesitaba una reparación.
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“Se siguió transitando y según las fotos que nos exhibieron… No hace falta ser técnico para entender que el puente estaba en un momento de necesidad de mantenimiento y trabajo”, enfatizó.
De la misma manera, le comentaron que incluso la intendenta de Tacuatí “había solicitado auxilio” al Ministerio de Obras Públicas porque ya era evidente el desnivel del puente que cruza el arroyo Lorito.
Legal destacó que ese informe y muchos otros más están siendo tramitados con el objetivo de deslindar responsabilidades en el marco de la investigación penal abierta por la muerte de tres personas la semana pasada.
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“Un poblador de la zona me mostró también capturas de pantalla donde hablaba con un jefe de viabilidad de la zona y el que le dio retorno es que se fueron gente del MOPC días antes; vamos a determinar con exactitud las fechas con informes, pero días antes se fueron personas de mantenimiento (y no clausuraron el puente). El permiso está tácito si no bloquean la ruta”, consideró.
Aseguró que buscarán identificar a todas las personas involucradas: desde los fiscalizadores que no cerraron el paso tras verificar el mal estado hasta sus jefes y la empresa contratista que realizó la obra.
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El desplome del puente ubicado sobre el arroyo Lorito se produjo el miércoles 9 de junio a las 23:30 y tres personas perdieron la vida, mientras que otras tres resultaron heridas.
Las víctimas fatales fueron identificadas como: Juan Javier Alarcón Ferreira (40), Denis Leonardo Díaz (19) y María Wilma Villalba (63).
En principio, los hechos punibles investigados por el Ministerio Público son: homicidio culposo, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos e intervenciones peligrosas en el tránsito previstos en los artículos 107, 205 y 216 del Código Penal.
Tras el accidente, el MOPC confirmó que ya se sabía que el puente que conectaba el Cruce Tacuatí con Tacuatí se encontraba en mal estado. Fue construido aproximadamente en el año 2000 y tenía fallas estructurales, pero de igual manera los interventores no decidieron clausurarlo. Con la administración de Arnoldo Wiens incluso asfaltaron el paso, sin reparar los daños observados.
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