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En conversación con ABC Cardinal, Camacho refirió que, si bien la ley orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) brinda la competencia de auditar a las multinacionales, la institución no puede aplicar la verificación del presupuesto de las binacionales sin acuerdo otorgado por ambos países propietarios. Explicó que esto se encuentra establecido mediante los tratados tanto de Yacyretá como de Itaipú.
“Itaipú y Yacyretá son personas jurídicas integradas en igual responsabilidad y potestad por cada país; es decir, para que exista la voluntad jurídica debe existir el OK del lado paraguayo y el otro lado (…) El problema que ha existido siempre -aunque muchos no lo digan- es que tiene que haber un acuerdo entre ambos lados para permitir el acceso, eso en términos jurídicos”, sostuvo.
No obstante, el asesor del Congreso precisó que la CGR puede aplicar una auditoría -sin requerimiento de acuerdos bilaterales- a los fondos de estos entes que son asignados a la administración nacional. “Todo el dinero que pase al lado paraguayo no requiere de ningún acuerdo del otro lado”, declaró.
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Seguidamente, Camacho indicó que la petición de un ente contralor –de uno de los países propietarios- para realizar una auditoría debe ser tratado por el consejo de administración del ente, que conforman funcionarios de los dos lados. Acotó que, en caso de no tomarse postura, el estatuto de las binacionales establece que deberán discernir las altas partes contratantes; es decir, los estados.
En ese sentido, indicó que “la cuestión de fondo” para aplicar una auditoría pasa por la voluntad de los estados propietarios de las binacionales. “Los dos gobiernos tienen que decidir si quieren ser transparentes, no decidir si permitir o no (la auditoría)”, mencionó.
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Camacho fue uno de los asesores jurídicos del Congreso que presentaron un dictamen a la Cámara de Senadores con respecto a la incertidumbre de si la Contraloría General puede aplicar auditoría a los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá. También se solicitaron los informes sobre la cuestión de los abogados Marcos Kohn Gallardo y Diego Bertolucci.
La semana pasada, luego de varias discusiones legales, finalmente las autoridades de Yacyretá entregaron documentos requeridos sobre los fondos socioambientales a la CGR. Desde Itaipú se sostiene que no presentaron los informes sobre los gastos porque consideran que no corresponde.
El pasado 29 de abril, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de resolución que pide a la Contraloría General que aplique una auditoría financiera y de gestión sobre el uso de los fondos socioambientales de las binacionales. Tras conocerse la noticia, las autoridades de las entidades se mostraron reticentes a entregar la documentación para las verificaciones.
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Fondos son destinados a la emergencia sanitaria
Cabe destacar que los fondos socioambientales de ambas binacionales fueron otorgados al Gobierno nacional para utilizarlos en salud pública ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Estos recursos históricamente son un botín político de los gobiernos de turno, por lo que desde varios sectores sociales se insiste en que sean transparentados para conocer a qué fueron destinados en los últimos años.