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Natalizia señaló que el proyecto es “interesante” y “bastante complejo”, dado que busca fortalecer todo el marco de la identidad digital de nuestro país. Pero señaló que difieren en un punto. “La única controversia está en el artículo 103, que define cómo deberían manejarse las operaciones electrónicas en el ámbito financiero. La ley es un marco general que habla de muchas operaciones y al final habla de operaciones electrónicas. Hay un artículo anterior que define distintos niveles de seguridad; eso es parte de ser una ley marco. En ese artículo en particular lo que hace es decirles a los reguladores que son los que deben regular la ley después para que entre en vigencia, pero define un nivel de seguridad ‘alto’ para todas las transacciones electrónicas”, manifestó Natalizia.
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“Entonces, cuando uno va a la ley y trata de entender qué es un nivel de seguridad alto, habla de que se va a requerir de un sistema de identificación que tiene que ser previsto o provisto por un prestador de servicio de confianza cualificado. Ahí lo que está introduciendo la ley es un concepto nuevo, bastante complejo, en un sistema que hoy funciona bien y es masivo”, destacó.
“Lo que nosotros planteamos de forma transparente, fácil de entender, es que el regulador debería definir los niveles de seguridad de acuerdo a la gradualidad y a los perfiles de riesgo. Es un tema técnico y el Congreso es difícil que entre en un tema que es técnico. Creo que si uno hace eso, hace íntegra la ley y no la desvirtúa”, alegó.
Consultado acerca de si manifestaron anteriormente este planteamiento, comentó: “Participamos de una reunión con parlamentarios y planteamos esta postura. Entendemos que hasta el MIC acompaña esta postura. Vamos a ver cuál es la reflexión que hacen en el pleno de la Cámara”.
“No existe un prestador de servicio de confianza cualificado hoy que pueda llegar hasta el último rincón del Paraguay para corroborar que vos sos vos. Lo que genera es un gran vacío, una duda, porque para poder aplicar esto, aunque al final se defina que tiene que ser el nivel alto, tiene que ser un organismo técnico”, explicó.
En cuanto a cómo cambiarían las operaciones en caso de que la ley quede como está en el punto mencionado, sostuvo: “No creo que podamos seguir operando como operamos hoy y no sé cuándo vamos a tener las condiciones para que un certificador o un tercero que hoy no existe pueda alcanzar a la persona que hoy puede estar recibiendo un giro de G. 200.000 con la misma rigurosidad que una persona que hace una transacción en dólares por la compra de un inmueble”.
Esta tarde, en la sesión ordinaria del Senado se tratará el proyecto de ley “de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”. Este nuevo marco jurídico sería aplicable a toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, así como en los procesos privados, judiciales y administrativos tramitados electrónicamente.