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La etapa de producción de pruebas -en la causa de los audios filtrados del JEM- finalizó ayer con la introducción de las últimas evidencias ofrecidas por las defensas y la Fiscalía. Raúl Fernández Lippmann, el abogado Carmelo Caballero y los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto están acusados por asociación criminal y tráfico de influencias.
Pese a la exclusión de los audios filtrados como evidencias, el Ministerio Público aseguró que probarán las acusaciones. Ayer, la Fiscalía intentó extraer datos de un DVR de circuito cerrado que fue incautado del JEM en 2017, pero el procedimiento no se pudo realizar porque los agentes no tenían la contraseña para ingresar al artefacto.
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El abogado defensor de Raúl Fernández Lippman, Álvaro Arias, señaló al respecto que la Fiscalía realizó un trabajo deficiente, por lo que quedó sin pruebas.
“Cuando se incautaron los objetos, la Fiscalía debía haber preguntado a Kriskovich o a Adrián Salas si contaban con la clave. Esto es a consecuencia del mal trabajo de la Fiscalía. Quedó sin pruebas”, sostuvo.
Arias explicó que los primeros fiscales que intervinieron en el caso habían incautado del JEM, que entonces presidía Cristian Kriskovich, dos computadoras de la Secretaría y la Presidencia, además del DVR (Digital Video Recorder) del circuito cerrado de la sede.
Cuestionó que los agentes que hoy llevan la causa, Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme, plantearon la extracción de datos del DVR y no solicitaron la pericia, que habría proporcionado más evidencias.
Arias consideró este accionar fiscal como un “error”. Asimismo, no descartó que la Fiscalía haya actuado de forma deficiente a fin de beneficiar a los acusados.
“Los audios no fueron ofrecidos como medios probatorios. Quedamos sin ningún tipo de pruebas. Sobre si la Fiscalía trabajó bien o mal para liberar a Óscar González Daher, es una hipótesis”, expresó.
El profesional del derecho indicó que la hipótesis de un accionar fiscal deficiente, que podría beneficiar a su cliente, se puede evidenciar en la filmación del juicio que dispuso la Corte. “Nosotros tenemos una gran ventaja y una gran garantía. La Corte estableció la filmación y transmisión del juicio”, resaltó.
Seguidamente, Arias recalcó que, en caso de que sean absueltos los acusados, la filmación del juicio también es una garantía para los miembros del Tribunal. “Esa es la garantía que también tienen los jueces porque es muy difícil condenar a una persona sin que tengas pruebas y con unos errores garrafales que se produjeron en este juicio”, subrayó.
Al ser consultado sobre la acusación que afirma que una de las fiscales intervinientes, Natalia Fúster, tendría vínculos con González Daher, el abogado indicó que no cuestiona la trayectoria de los agentes, pero que en esta causa habrían actuado de forma deficiente.
De todos los casos que fueron expuestos a través de los audios filtrados, los representantes del Ministerio Público decidieron presentar en la acusación el material que involucra a la fiscala Teresa Rojas. Arias cuestionó la determinación de los agentes, pues señaló que no se puede determinar el tráfico de influencias entre los acusados.
Según la acusación fiscal, el ex senador colorado, su exsecretario y el abogado Carmelo Caballero operaron para remover a través del JEM a la fiscala Teresa Rojas por sus actuaciones en la causa “Electrofácil”, en la que imputó y pidió prisión preventiva para Luis Emilio Saguier Blanco, quien tenía como representante legal al profesional del derecho que está actualmente enjuiciado.
Reforzando su hipótesis de que, en esta causa, desde el Ministerio Público se actuó de forma deficiente, Arias señaló que cuando su defendido, Raúl Fernández Lippmann, decidió colaborar a través de una delación premiada, no había agente interviniente. Resaltó que en ningún momento se recusó a los fiscales; sin embargo, hubo cambios en varias ocasiones.
El juicio oral y público continuará el martes 22, a las 8:30, con la declaración del exsenador Jorge Oviedo Matto. Tras este procedimiento, la Fiscalía y las defensas presentarán sus requerimientos finales y luego el tribunal dictará la sentencia del caso, que ya sería el miércoles 23.