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María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales, destacó que a partir de los buscadores de declaraciones juradas habilitados tras la publicación de casi 3.000 expedientes, ahora el gran desafío es que la ciudadanía se involucre en el control, que pueda hurgar en los documentos y ayudar a detectar y difundir las inconsistencias.
“Es visible que la calidad de vida no condice con sus ingresos”, explicó Rivas en contacto con ABC. En ese sentido, también resaltó que se debe generar más mecanismos para que se puedan formular denuncias.
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“Ese debería ser el segundo paso, que la Fiscalía General empiece a habilitar espacios de denuncia o por lo menos organizar a los grupos de Contraloría para ver cómo se debe dar la búsqueda y las denuncias, cuando aparezcan operaciones sospechosas”, resaltó.
Finalmente, destacó la importancia de este histórico hecho generado gracias a una orden judicial que obliga a la publicación de los expedientes de todos los altos funcionarios desde 1997 hasta 2017. “Creo que esto ya no tiene retroceso, a partir de ahora creo que todas las declaraciones juradas que vayan presentando los funcionarios públicos deben ser públicas”, consideró.
El primer grupo de declaraciones juradas publicado ayer por la Contraloría General de la República reveló alevosos enriquecimientos de la clase política a costa del pueblo.
En algunos casos, el crecimiento patrimonial fue de hasta más del 1.000%. Se revelan indicios de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión con grandes fortunas.
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Cabe destacar que ABC puso a disposición de sus lectores un buscador de declaraciones juradas desde su portada principal en línea o se puede consultar directamente acá. Los interesados podrán buscar y acceder a todos los expedientes de los bienes presentados por los funcionarios públicos, en la misma medida que sean subidas por la Contraloría General de la República.
En caso de que encuentren inconsistencias, pueden enviar sus denuncias al respecto al correo investigaciones@abc.com.py, o utilizar en las redes sociales el #DestapemosJuntos.
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Uno de los expedientes que más llamaron la atención fue el del expresidente colorado Horacio Cartes. De acuerdo a sus declaraciones juradas presentadas, pasó de ser un humilde funcionario de una casa de cambios en la década de 1980 a un potentado empresario con un patrimonio declarado de US$ 200 millones cuando llegó a la Presidencia de la República en 2013.
Declaró 26 empresas y al menos 12 cuentas bancarias, incluidas dos en los Estados Unidos. Su declaración generó un gran impacto en las redes sociales, puesto que la ciudadanía indicó ni siquiera poder pronunciar la cifra total de su patrimonio en 2014: G. 1.629.851.962.811.
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También se destacaron ayer el presidente Mario Abdo Benítez, quien gasta G. 30 millones en ropa y tiene cuentas bancarias en Estados Unidos y Paraguay, el vicepresidente Hugo Velázquez, quien en 2001, cuando apenas tenía un año como fiscal, declaró un patrimonio neto de G. 411 millones, pero en 2017, cuando dejó la presidencia de la Cámara de Diputados, había alcanzado ya un total de G. 5.330 millones.
En ese mismo orden se destacaron Fernando Lugo, quien elevó su patrimonio al 153% durante la función pública, y Nicanor Duarte Frutos, que en 1999, cuando asumió como ministro de Educación, declaró un patrimonio de G. 993 millones y en 2016, cuando dejó la embajada en Buenos Aires, declaró un patrimonio neto de G. 7.789 millones.
También llamó la atención el expediente de Gladys Bareiro de Módica, la ministra de la Corte Suprema que más se opuso a la publicación de las declaraciones juradas. Según declaró ante escribanía en 2011, tiene cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos y Paraguay, todas en dólares. Según cotización de 2011, solo en bancos tenía casi G. 2.300 millones, esto sin contar otros activos.