Un año después de su entrada en vigor, los Estados miembros celebran hasta el viernes en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del pacto, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
“Chile participa en esta COP1 de Escazú como observador y anfitrión. Espero que pronto nos convirtamos en Estado Parte. Hoy, en esta sala, se hace vivo el multilateralismo, la confianza, la colaboración que tanta falta le hace al mundo”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric.
De los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
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En grandes potencias regionales como Colombia o Brasil, el tratado lleva meses estancado en sus respectivos Congresos a la espera de que los parlamentarios lo ratifiquen para su entrada en vigor.
Chile, de vuelta
En el caso de Chile, el acuerdo fue impulsado y negociado por el expresidente Sebastián Piñera durante su primer mandato (2010-2014), pero cuando asumió su segundo periodo no consecutivo en 2018 cambió de opinión y se negó a firmarlo por presiones de la poderosa industria minera, que representa más del 10 % del producto interno bruto (PIB) nacional.
Una semana después de asumir el poder el pasado 11 de marzo, Boric envió al Congreso el proyecto de adhesión al tratado, que ya se está discutiendo en una comisión parlamentaria y sobre el que parece que hay consenso entre las distintas fuerzas políticas.
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"Sé que la posición de Chile en el pasado reciente generó muchos resquemores también en otros países, por lo tanto, me interesa ser muy enfático en la voluntad y convicción con la que Chile hoy impulsa nuevamente este proceso", indicó el mandatario.
La ministra chilena de Medio Ambiente, la reconocida científica Maisa Rojas, aseguró la víspera en una entrevista a Efe que “Chile vuelve a la arena internacional” con Escazú y que el pacto está llamado a resolver la “conflictividad socioambiental” en la región.
Tampoco lo ha ratificado aún Costa Rica que, junto con Chile, fue uno de sus impulsores del pacto, que se adoptó en 2028 tras seis largos años de negociaciones.
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"Ya no tenemos más tiempo. El cambio climático nos rebasa y son las personas más pobres las que se están llevando la peor parte de esta crisis (...) Es un tratado sólido, hermético y sin ningún tipo de laguna", indicó por videollamada la vicepresidenta del país centroamericano, Epsy Campbell.
La región más vulnerable
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9 % de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
“Escazú es un instrumento de transformación social y de profundización de la democracia”, indicó Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de Cepal, el organismo de la ONU que ampara el pacto.
"Vendrán tiempos complejos. Por eso, América Latina y el Caribe debe hacer un llamado al mundo: la justicia y la democracia ambiental son posibles", añadió Cimoli.
Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
“El presente en la región nos exige transformaciones urgentes para enfrentar la desigualdad, ampliar derechos y conducir a nuestros países hacia un desarrollo sostenible”, indicó por su parte Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático de Argentina, país que acogerá la próxima COP en 2023.