Desde mayo de 2020 Keiko Fujimori está en libertad condicional, lo que le impide salir de Lima o viajar al exterior sin permiso judicial, e incluso reunirse o hablar con testigos de la causa.

La fiscalía acusa a Fujimori, de 46 años y madre de dos hijas adolescentes, de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y declaración falsa en un procedimiento administrativo.

Con ella han sido acusadas otras 39 personas, como su marido, el estadounidense Mark Vito Villanella, y antiguos asistentes e integrantes de la cúpula de su partido Fuerza Popular.

La hija mayor del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori vuelve al primer plano judicial casi tres meses después del balotaje en el que estuvo cerca de ganar la presidencia, lo que le habría dado inmunidad para evitar el proceso y posponerlo los cinco años de mandato.

El 11 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez solicitó a la justicia que la líder populista sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión por el escándalo de corrupción del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que salpicó además a cuatro exmandatarios peruanos. Ella niega los cargos.

La audiencia de “control de la acusación” de mañana es una etapa preliminar al juicio penal y será dirigida por el juez Víctor Zuñiga.

Keiko Fujimori no estará presente en la audiencia, pero sí su abogada, aseguró a la AFP una fuente de su entorno. Los imputados no están obligados a asistir a esta fase intermedia del proceso, última previa a un juicio.

En esta fase, que puede durar días o semanas, el magistrado evalúa la acusación fiscal y debe decidir si acepta todo o parte del legajo acusatorio.

El juez es el mismo que la envió a prisión preventiva en enero de 2020, de donde fue liberada tres meses más tarde por la pandemia. Sin embargo, en junio pasado desestimó mandarla a la cárcel por un nuevo pedido fiscal.