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El desempeño de la economía paraguaya en 2017 fue bueno, con una superzafra agrícola y con un repunte del sector comercial, así como una recuperación de la construcción, luego de las lluvias, entre otros. Por esta razón podrían haberse esperado mejores resultados en términos de disminución de pobreza, pero son varios los factores que intervienen en los procesos socioeconómicos y requieren de un análisis especial.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2017 reveló que el 26,40% de la población total y que representa a 1.809.053 personas son pobres, es decir, sus ingresos se encuentran por debajo del costo de una canasta básica de consumo, que en el año pasado se tomó el valor per cápita mensual de G. 664.297 para el área urbana y G. 473.601 en la rural.
Del total de pobres, el 36,22% y que son unas 955.000 personas se encuentran en las zonas rurales y unas 853.000, el 20,25% en la urbana.
Si se analizan los datos tomando la intervención del Gobierno actual, del 2013 (parcialmente) al 2017, la pobreza total en los primeros tres años mostró un verdadero estancamiento, debido a que se mantuvo en 28% a inicio del mencionado año y cerró en 28,86% en 2016. Mientras que solo al año siguiente, en el 2017, reportó una pequeña reducción de casi el 2%, inferior incluso al margen de error muestral, es decir, una disminución casi imperceptible.
En cuanto a los números de la pobreza extrema, personas cuyos ingresos mensuales per cápita no logran cubrir el costo de una canasta mínima de consumo alimentario y que en valores monetarios para el 2017 en el área urbana fue de G. 256.881, y en la rural de G. 234.592 per cápita, revelaron que en Paraguay el 4,41% de la población total, unas 301.000 personas, están en situación de indigencia. De ese total, 236.725 viven en las zonas rurales y 65.207 en las áreas urbanas. Nótese cómo las zonas rurales son las que contienen la mayor cantidad de pobres extremos, resultado del despliegue poco eficiente en cantidad y sobre todo en calidad de la oferta pública en infraestructura y servicios. En otras entregas se seguirán analizando los datos por departamentos, pero se estima que aquellas zonas rurales más aisladas y con menor vinculación a las dinámicas regionales, registran mayores niveles de pobreza.
Si bien en 2014 se dio el fin del súper ciclo de los commodities, que terminó impactando de manera negativa no solo a las economías mundiales, sino también a la de Paraguay, de ese tiempo a esta parte, en el país no se han diseñado nuevas políticas sociales de lucha contra la pobreza, sino que se ha dado continuidad a las existentes como los programas sociales Tekoporã y Adultos Mayores, que lograron contener en un pequeño porcentaje el aumento de la pobreza en Paraguay, pero como los resultados muestran, no fueron suficientes.
El comportamiento en materia económica del 2017 es un buen ejemplo que describe la trascendente intervención que ha tenido el sector privado en la generación de ingresos laborales en todos los estratos sociales, directa e indirectamente.
Estructura de los ingresos
La EPH recogió importantes datos como la estructura de los ingresos de la población clasificada por segmentos, comenzando desde los más pobres y terminando con los más ricos. De manera global, se observó que un alto porcentaje, el 85,09% de los ingresos de las personas provinieron de los laborales, 2,66% de la ayuda familiar del país y 0,95% del exterior. Las demás fuentes de ingresos fueron por jubilación o pensión (3,65%), del Estado Monetario Tekoporã (0,30%) y por Adultos Mayores (0,83%). Lo resaltante dentro de estos datos es que el 73,18% del ingreso del 20% de la población más pobre fue laboral y del 20% más rico representó el 83,96%.
En el caso de la ayuda estatal proveniente de los dos principales programas sociales enfocados en la lucha contra la pobreza, tuvieron un peso dentro de los ingresos totales de la población en extrema pobreza del 1,13%. Y el 20% más rico, también fue favorecido, siendo el 0.11% recursos obtenidos del programa Adultos Mayores. En este caso, surge el inevitable cuestionamiento de si realmente los programas sociales están siendo bien focalizados.
En cuanto a la composición del ingreso per cápita laboral-nacional, se desprenden importantes datos como que los ingresos provenientes de actividades no agropecuarias tuvieron un mayor peso del 67% frente al 33% de las sí vinculadas. La diferencia se observa aún más en el desagregado por áreas y llama especial atención en las zonas rurales, donde los empleos en sectores como el de servicios, comercio, e industria generaron mayores ingresos laborales (58%) que las actividades agropecuarias (42%). Esto podría revelar la degradación de los sistemas productivos como efecto del acceso que hoy tienen los pobladores en cuanto a movilidad por la posesión de motocicletas, facilidad en la comunicación entre otras, herramientas, que al parecer, facilitaron en gran medida la diversidad y oportunidades laborales fuera de sus propias comunidades.
¿Hubo aumento en ingresos de la población en valores monetarios?
Conforme a las informaciones recabadas por la EPH, entre 2016 y 2017, se registraron leves incrementos en los recursos percibidos por los pobladores.
A nivel nacional, el promedio de ingresos per cápita mensual total significó un aumento de G. 71.964, pasando de G. 1.388.414 a G. 1.460.378, el laboral de G. 55.401 por la variación de G. 1.086.974 a G. 1.142.375, y el no laboral de G. 9.652, ya que en el 2016 era de G. 371.766 y pasó a G. 381.418, en el 2017.
En el desagregado, en el área urbana se observa un aumento del ingreso per cápita de G. 52.952 (3,1%), mientras que el laboral se mostró con un adicional de G. 29.795 (2,2%) y el no laboral de G. 10.382 (2,2%). Pero es en el área rural donde los ingresos muestran un mayor incremento entre 2016 y 2017. La diferencia entre los mencionados años en concepto de ingreso per cápita fue de G. 93.292 (10,6%) adicionales, los recursos provenientes de actividades laborales de G. 89.425 (12,5%) y las no vinculadas a trabajos de G. 4.025 (1,8%). Si la evolución de los ingresos se mira por segmentos, la población en extrema pobreza registró en 2017 un aumento en su ingreso per cápita total del 10,3%, que en el 2016 también evidenció un crecimiento de 8,6% en sus ingresos laborales y 10,1% en los recursos considerados no laborales. En tanto que en el grupo de personas incluidas dentro de la población más rica, el aumento fue menos de 6,4% en sus ingresos totales, 6,3% en laboral y solo 1,7% en los recursos no laborales.
Estos resultados tienen que servir para ponderar y medir la calidad de la política pública, sin tener una posición triunfalista como la presentada desde el Ejecutivo. Es importante señalar que posiblemente en años anteriores, la situación del campo hubiera sido mucho peor, si no existieran los programas sociales. Sin embargo, hay una situación que también está cambiando, cada vez existen más personas en los deciles por encima de la pobreza, esto se llama población vulnerable, es decir, el no pobre emergente, que no llega a ser clase media, pero que se encuentra en el límite, ganando en promedio a nivel nacional alrededor de G. 550.000, unos G. 2.500.000 dentro de una familia. Para este segmento frágil o vulnerable, la modificación mínima del costo de algunos bienes y servicios hace que vuelvan al grupo de pobreza. Este es el tipo de familia que trabaja para que sus hijos tengan un futuro mejor y satisfacer sus necesidades básicas, pero un problema de enfermedad en la familia o la pérdida del empleo le puede costar volver a una situación de pobreza.
Por lo tanto, el país tiene que comenzar a prepararse para sostener a esta clase emergente y las políticas públicas para el mencionado grupo son distintas a las implementadas en la lucha contra la pobreza, es decir, el pensamiento y el análisis del Estado paraguayo deben ser más sofisticados y mejor focalizados de aquí en adelante.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2017 reveló que el 26,40% de la población total, unos 1.809.053 pobres, tienen ingresos inferiores al costo de una canasta básica de consumo, que en el año pasado se tomó el valor “per cápita” mensual de G. 664.297 para el área urbana, y G. 473.601 en la rural.
Los resultados de la EPH tienen que servir para ponderar y medir la calidad de la política pública, sin tener una posición triunfalista como la presentada desde el Ejecutivo. Hay una creciente población vulnerable que precisa una focalización más sofisticada del Estado.
Si se analizan los datos del gobierno actual, del 2013 (parcialmente) al 2017, la pobreza total en los primeros tres años mostró un verdadero estancamiento, debido a que se mantuvo en 28% a inicio de dicho año y cerró en 28,86% en 2016, mientras que solo en 2017 reportó una pequeña caída de casi 2%.
Pobreza
Del total de pobres, el 36,22%, lo que representan unas 955.000 personas, se encuentra en las zonas rurales y unas 853.000, el 20,25%, en la urbana.
Extrema
En cuanto a la pobreza extrema, los nuevos datos revelaron que 4,41% de la población total, unas 301.000 personas, están en situación de indigencia.
Ingresos
El 2017 es buen ejemplo para describir la trascendente intervención del sector privado para generar ingresos laborales en todos los estratos.
Alerta
Cada vez hay más personas vulnerables, aquellas que con la modificación mínima del costo de algunos bienes y servicios pueden volver al grupo de pobreza.
Políticas
El país tiene que prepararse para sostener a la nueva clase emergente, y las políticas públicas son distintas a las implementadas ahora contra la pobreza.
Medición
Para medir la pobreza en el país se utiliza el sistema monetario, el cual se calcula comparando ingresos “per cápita” de los hogares con las líneas de pobreza.