El Índice de Calidad del Empleo (ICE), elaborado con base en la metodología propuesta por Brummundi, Mann y Rodríguez-Castelan (2018) y dado a conocer por el Banco Mundial (BM), ofrece una aproximación integral a la problemática. El indicador parte del marco teórico desarrollado por Alkire y Foster (2011), que permite construir medidas multidimensionales mediante la identificación de logros o carencias en distintas dimensiones. En este caso, se definen cuatro dimensiones que reflejan aspectos fundamentales del trabajo: ingresos, beneficios, seguridad y satisfacción laboral. Cada una se trata como una condición binaria: el trabajador puede tener éxito (valor igual a 1) o fracaso (valor igual a 0) en la dimensión correspondiente. De esta manera, el índice final surge del promedio de los resultados en las cuatro dimensiones, lo que genera un valor agregado que varía entre 0 y 1, donde valores más altos reflejan empleos de mejor calidad.
El primer componente del ICE es el ingreso laboral, que mide si el salario se encuentra por encima de un umbral mínimo de bienestar. Para esta estimación se utiliza la línea de pobreza de la clase media alta, equivalente a 8,30 dólares diarios en paridad de poder adquisitivo (PPA) de 2021. Este parámetro busca garantizar que el empleo permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Es una condición indispensable: si el ingreso se encuentra por debajo de esa línea, el índice total del individuo es cero, aunque las demás dimensiones resulten positivas.
La segunda dimensión considera los beneficios laborales, que incluyen el acceso a seguro médico o aportes jubilatorios. En muchos países de la región, especialmente los de ingresos medios, la cobertura de salud o pensión básica proviene del Estado, pero en el sector formal los trabajadores suelen contar con una protección adicional ofrecida por la empresa. Esta dimensión permite distinguir los empleos con algún tipo de seguridad social de aquellos que dependen exclusivamente de la informalidad o de mecanismos no contributivos.
El tercer elemento se vincula con la seguridad laboral, entendida como la estabilidad del empleo en el tiempo y la existencia de contratos que respalden la relación laboral. Se considera que un trabajador posee un empleo seguro si tiene un contrato permanente o si ha mantenido su puesto por al menos tres años. Esta dimensión es relevante porque la estabilidad reduce la vulnerabilidad frente a shocks económicos y permite planificar a largo plazo, tanto en consumo como en inversión familiar.
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Finalmente, el indicador incorpora la satisfacción laboral, asociada a la percepción del trabajador sobre su empleo. Como esta variable no siempre está disponible en las encuestas, se utiliza una aproximación indirecta: se asume que quien tiene un solo empleo presenta un nivel de satisfacción relativamente alto, mientras que quienes deben recurrir a un segundo trabajo podrían estar compensando carencias del principal. Aunque esta es una aproximación, su inclusión amplía el alcance del índice al introducir un componente subjetivo vinculado al bienestar y la realización personal en el trabajo.
En conjunto, estas cuatro dimensiones conforman un instrumento que permite observar las brechas estructurales de calidad laboral entre países y dentro de ellos. Un ICE elevado implica no solo buenos salarios, sino también estabilidad, protección y satisfacción, condiciones que suelen estar presentes en mercados laborales formales y diversificados. En cambio, un ICE bajo sugiere predominio de empleos precarios, inestables o informales, donde los ingresos y las condiciones laborales no aseguran un nivel de vida digno.
Radiografía en el ALC
Al analizar los datos comparativos de diez países de América Latina publicados por el BM, se observa una marcada heterogeneidad en la calidad del empleo al 2024. Costa Rica lidera con un ICE total de 0,81, seguida por Brasil (0,73), Uruguay (0,71) y República Dominicana (0,70), mientras que en el extremo opuesto se ubican Argentina y Panamá (0,62 para ambos), además de Colombia (0,61). Con puntuaciones menores México (0,58), Paraguay (0,58), Ecuador (0,57) y Perú (0,47). Los resultados reflejan diferencias no solo en el nivel de desarrollo económico, sino también en la estructura institucional y la regulación laboral de cada país.
El caso paraguayo resulta especialmente revelador. Con un índice global de 0,58, el país se encuentra por debajo del promedio regional, lo que evidencia la persistencia de empleos de baja calidad. Las diferencias entre los tipos de trabajadores son significativas: los asalariados presentan un valor de 0,73, relativamente alto y comparable al de economías con mínima formalización al igual que los empleadores quienes alcanzan 0,68 y los trabajadores independientes apenas 0,47, uno de los valores más bajos de la muestra.
Un contraste ilustra una característica estructural del mercado laboral paraguayo: la brecha entre el empleo formal, generalmente urbano, y el informal o por cuenta propia, predominante en zonas rurales o de baja productividad.
En comparación, Brasil exhibe un ICE total de 0,73, con resultados equilibrados en los tres tipos de trabajadores (asalariados 0,84; empleadores 0,87; independientes 0,64). La diferencia con Paraguay se explica por la mayor cobertura de seguridad social, la estabilidad contractual y un marco laboral más consolidado. Uruguay, por su parte, mantiene niveles altos y homogéneos de calidad (asalariados 0,82; empleadores 0,93; independientes 0,66), lo que refleja su fuerte institucionalidad y su sistema de protección social universal.
Costa Rica, con el mejor desempeño general (0,81), destaca por su alta proporción de trabajadores con acceso a seguridad y beneficios, además de un entorno institucional que promueve la estabilidad laboral. En el otro extremo, Perú y México presentan los ICE más bajos, con valores de 0,47 y 0,58, respectivamente, debido al elevado peso de la informalidad y la limitada cobertura de protección social.
El caso de Ecuador (0,57) es similar al de Paraguay, con una importante proporción de trabajadores independientes de baja productividad y un sistema de seguridad social con cobertura limitada. En tanto, Argentina, Colombia y Panamá se ubican en una zona intermedia (entre 0,61 y 0,62), con niveles de formalización relativamente altos entre asalariados, pero con brechas significativas en los sectores independientes.
El análisis por categoría laboral revela un patrón claro: los empleadores son quienes presentan en promedio los mayores valores de calidad (entre 0,70 y 0,93), seguidos por los asalariados, mientras que los independientes registran los índices más bajos en todos los países. Esta última categoría concentra la mayor parte de la informalidad y la ausencia de beneficios, especialmente en economías con fuerte presencia del autoempleo o del trabajo familiar no remunerado.
En el caso paraguayo, la brecha entre asalariados e independientes (0,73 frente a 0,47) pone de manifiesto las desigualdades estructurales del mercado de trabajo. Si bien en los sectores urbanos y formales se observan condiciones relativamente buenas, gran parte de la población activa se desempeña en actividades sin contrato, sin seguridad social y con bajos ingresos, lo que limita el impacto del crecimiento económico sobre el bienestar de los trabajadores, sugiriendo que el desafío no reside únicamente en generar empleo, sino en mejorar su calidad mediante políticas que promuevan la formalización, el acceso a beneficios y la estabilidad laboral.
La comparación regional muestra que los países con mejores índices no necesariamente son los más ricos, sino aquellos con instituciones laborales más sólidas y políticas públicas orientadas a la protección social. Costa Rica y Uruguay son ejemplos de cómo un sistema de seguridad social amplio, una legislación laboral estable y un compromiso con el bienestar del trabajador pueden traducirse en altos niveles de calidad del empleo.
En cambio, Paraguay, pese a su dinamismo económico reciente, continúa rezagado en estos indicadores, lo que revela la necesidad de profundizar en la construcción de un mercado laboral inclusivo y equitativo.
Un empleo seguro
Se considera que un trabajador posee un empleo seguro si tiene un contrato permanente o si ha mantenido su puesto por al menos tres años.
