Esta normativa, que reemplaza parcialmente la Ley N° 1626/2000, apunta a modernizar la administración pública, establecer principios meritocráticos y consolidar mecanismos disciplinarios. Sin embargo, pese a sus aspectos positivos, ha generado críticas por la ausencia de un diálogo social amplio, la escasa socialización de sus alcances y una implementación marcada por la unilateralidad del Poder Ejecutivo.
Entre los puntos favorables, la Ley N° 7445/25 introduce criterios más claros sobre la carrera administrativa, regulando procesos de ingreso, promoción y evaluación del desempeño con mayor precisión. La normativa busca consolidar el principio de mérito como eje del servicio público, algo largamente reclamado por sectores académicos y de la sociedad civil. Además, refuerza los deberes éticos de los funcionarios y sistematiza las causas de sanciones y destituciones, reduciendo así la discrecionalidad que caracterizaba el régimen anterior.
Igualmente otro avance es la tipificación detallada del régimen disciplinario, estableciendo procedimientos para sanciones, defensas y apelaciones. También se da un paso hacia la profesionalización de la gestión pública al crear registros y mecanismos para el control del ingreso y permanencia de los funcionarios.
Por su parte, el Decreto N° 4230/2025 tiene la función de reglamentar lo dispuesto por la ley, aportando definiciones y plazos que dan viabilidad práctica a sus artículos. Por ejemplo, se establecen procedimientos para concursos públicos, requisitos para cada categoría de funcionarios y medidas de transparencia en la contratación.
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Sin embargo, el decreto ha sido percibido por varios sectores como una herramienta que refuerza el control vertical del Ejecutivo sobre el funcionariado, limitando espacios de participación institucional y sindical. Varias organizaciones laborales han denunciado que no fueron convocadas ni escuchadas en el proceso de elaboración de esta ley y decreto.
Uno de los aspectos más cuestionados del proceso legislativo y reglamentario fue la falta de diálogo social. La ley fue sancionada sin una consulta efectiva con los gremios de funcionarios públicos, las centrales sindicales ni con expertos del área. Esta omisión es especialmente grave considerando que se trata de una normativa que afecta directamente a más de 300.000 trabajadores del Estado.
Desde diversas organizaciones, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación de Funcionarios Públicos, se ha criticado la opacidad del proceso y la ausencia de canales institucionales para debatir el contenido de la reforma. La falta de una audiencia pública nacional o de una mesa técnica tripartita evidencia una oportunidad perdida para fortalecer el diálogo democrático.
A pesar de sus buenas intenciones, la Ley N° 7445/25 presenta defectos que podrían afectar negativamente la estabilidad y los derechos de los trabajadores. Entre los principales:
- Ambigüedad en los criterios de evaluación: aunque se introduce el principio de meritocracia, no se establecen indicadores claros ni se asegura una evaluación imparcial y objetiva.
- Debilitamiento del derecho a la estabilidad: si bien se establece un régimen disciplinario, algunas causales de remoción son vagas, lo que podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias.
- Concentración del poder disciplinario: se refuerza la potestad de las autoridades superiores para aplicar sanciones sin contrapesos institucionales claros, lo que puede derivar en persecuciones laborales o uso político de los recursos humanos.
Además, el decreto no resuelve algunas dudas clave sobre la transición entre el régimen anterior y el nuevo, lo que genera incertidumbre jurídica para muchos funcionarios.
Es innegable la necesidad de una administración pública moderna, eficiente y basada en el mérito. La Ley N° 7445/25 y su Decreto Reglamentario N° 4230/25 son intentos en esa dirección, pero su validez democrática se ve afectada por la falta de inclusión de las voces de los principales actores: los trabajadores públicos y la ciudadanía.
Una reforma del Estado que pretenda ser legítima y sostenible debe construirse con base en el diálogo social, la transparencia y la concertación de intereses. De lo contrario, el riesgo es que incluso las mejores intenciones terminen erosionando derechos y profundizando el desencanto ciudadano con las instituciones.
Hoy más que nunca, es necesario abrir el debate, corregir los aspectos problemáticos de la normativa y establecer mecanismos de participación que fortalezcan el contrato social entre Estado y sociedad.
María del Pilar Callizo
Abogada