Sin embargo, el país carece de una institucionalidad moderna, especializada y con capacidad real para conducir políticas públicas eficaces en estos sectores.
El gabinete del Viceministerio de Minas y Energía, como instancia dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), carece de poder político, autonomía funcional y recursos técnicos o financieros suficientes para cumplir un rol rector efectivo en la política energética y minera del país.
Sucederá lo mismo en el MIC, limitaciones estructurales del actual modelo
Al estar inserto dentro del MOPC —un ministerio cuya misión principal es la infraestructura vial y de obras públicas—, las cuestiones energéticas y mineras no ocupan un lugar prioritario.
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Las decisiones estratégicas quedan sujetas a dinámicas internas del MOPC o del Poder Ejecutivo, sin espacio propio de articulación interinstitucional o internacional.
Falta de poder normativo y ejecutivo
El Gabinete no tiene atribuciones legales claras ni rango ministerial para proponer y ejecutar políticas públicas de largo plazo.
No posee control sobre el sector eléctrico, hidrocarburos, exploración minera, planificación energética, ni sobre los entes estatales como ANDE, Itaipú, Yacyretá o Petropar.
Debilidades actuales: ausencia de presupuesto y estructura propia
No cuenta con un presupuesto institucional autónomo ni con recursos humanos suficientes. Funciona más como un despacho técnico asesor. Carece de áreas técnicas, direcciones generales y presencia territorial.
Consecuencias de esta debilidad institucional. Imposibilidad de ejercer rectoría
No tiene capacidad real para implementar el Plan Energético Nacional (PEN) 2017-2050, ni para coordinar con el MEF, Industria, Ambiente, ANDE o Cancillería. No puede proponer legislación, regular el mercado, licitar concesiones, ni fiscalizar proyectos.
Fragmentación del sector energético, con múltiples actores sin coordinación estratégica
Las empresas estatales del sector conforman un archipiélago poco conectados, coordinados y hasta compiten en algunas circunstancias. Ausencia de regulación independiente y de políticas de fomento a la inversión en energías renovables, transmisión o minería.
Desaprovechamiento del PEN y de la posición energética estratégica del país
Freno a la transición energética, la integración regional, y al aprovechamiento de nuevas oportunidades (como el hidrógeno, la electromovilidad o minerales estratégicos).
Ausencia de autoridad rectora en energía
Pese a que Paraguay posee un Plan Energético Nacional (PEN) 2017-2050, no existe una institución con mandato legal para implementarlo. La planificación eléctrica y la incorporación de nuevas tecnologías se encuentran fragmentadas y sujetas a decisiones políticas coyunturales.
Concentración institucional no transparente
La ANDE actúa simultáneamente como generador, transmisor, distribuidor y comprador monopólico, sin regulación externa ni contrapesos.
No existe un ente regulador independiente que garantice transparencia, competencia y tarifas eficientes.
Marco normativo disperso y obsoleto
La ley eléctrica vigente data de 1966. Las normativas sobre hidrocarburos, biocombustibles y eficiencia energética son incompletas o ineficaces. La minería carece de institucionalidad específica, lo que inhibe inversiones y genera riesgo ambiental.
Paraguay necesita avanzar hacia una transición energética justa, con incorporación de fuentes renovables no convencionales, electrificación del transporte y eficiencia en el uso de energía.
Esto requiere una entidad capaz de articular política energética con política ambiental, territorial y social, atraer la inversión privada en el sector, que es imperativo porque el Estado ya no está en condiciones de financiar mediante endeudamiento soberano.
Carece
Carece de poder político, autonomía funcional y recursos técnicos o financieros suficientes para cumplir un rol rector efectivo...