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Se recordaba que el Paraguay depende casi exclusivamente de la energía hidroeléctrica generada por Itaipú, Yacyretá y Acaray, cuya producción anual alcanza los 48.500 GWh. Sin embargo, la demanda interna ha crecido considerablemente, pasando de 10.799 GWh en 2013 a 18.711 GWh en 2023, lo que representa un aumento del 73%. De mantenerse esta tendencia se advertía en aquella entrega, el margen de exportación disminuirá drásticamente con una demanda interna que podría consumir el excedente energético entre 2030 y 2033.
A su vez se planteaba que los problemas estructurales del sistema afectan significativamente la transmisión y distribución de energía.
En tal sentido, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) enfrenta restricciones financieras y normativas que limitan la inversión privada, obstaculizando la ampliación de la infraestructura requerida para sostener el crecimiento del consumo energético. Aunque el 99,5% de la energía consumida en Paraguay proviene de fuentes hidroeléctricas, la falta de inversiones en transmisión ha generado pérdidas del 23% en distribución, afectando la confiabilidad del suministro.
Además la limitada diversificación energética incrementa la vulnerabilidad del sistema ante variaciones hidrológicas. En este contexto, el análisis remarca que garantizar el abastecimiento futuro requiere de acciones concretas para atraer capital privado. Esto implica redefinir el rol de la ANDE, permitiendo una mayor participación del sector privado en la generación y distribución de energía. Sin estas medidas, Paraguay podría enfrentar un déficit energético que impactaría negativamente el crecimiento económico y la estabilidad del suministro. La falta de inversiones en infraestructura y la incertidumbre regulatoria son las principales limitaciones para la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
Indicadores de pobreza
Por otro lado, en dos ediciones diferentes se expusieron tópicos referentes al comportamiento de los indicadores de pobreza. Al respecto, al cierre de 2023 el Banco Mundial (BM) mencionaba que aproximadamente 700 millones de personas en el mundo vivían en pobreza extrema, es decir, con menos de US$ 2,15 diarios. Aunque la pobreza global se redujo un 40% entre 2010 y 2019, la pandemia de covid-19 representó un retroceso equivalente a tres años de avances.
En América Latina, el 29% de la población se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 11,2% vivía en pobreza extrema. En esta región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacaba una trampa estructural caracterizada por bajo crecimiento económico y alta desigualdad, con la informalidad laboral afectando a la mitad de los trabajadores.
En Paraguay, un ciudadano urbano necesitó al menos G. 359.480 mensuales para no estar en pobreza extrema, mientras que en zonas rurales esta cifra fue de G. 328.289. En total, la pobreza afectó al 22,7% de la población, lo que representó a 1.330.892 personas. Aunque la mayor incidencia de pobreza se registró en áreas rurales con el 28,8%, en términos absolutos, las zonas urbanas concentraron a 691.000 personas en esta condición frente a 639.000 en sectores rurales.
Entre los departamentos más afectados destacaban Caazapá (36,8%), Concepción (35,9%) y Canindeyú (35,1%). Además, la pobreza extrema impactó a 289.000 personas, principalmente en el área rural. Entre 2022 y 2023, aproximadamente 65.000 personas habían logrado salir de la indigencia, lo que reflejó un avance en la lucha contra la pobreza, aunque persisten importantes desafíos estructurales. Se remarcaba que la mejora de los ingresos laborales y la implementación de programas sociales han sido factores determinantes en el proceso de reducción del mencionado indicador social. En otra edición también se analizaron las fuentes de ingresos, destacando que el componente laboral representó el 84,3% en áreas urbanas y el 86,7% en las rurales. En el decil más pobre, programas sociales y ayudas familiares complementaron los ingresos laborales. En contraste, en el decil más rico, las jubilaciones y otros ingresos tenían un mayor peso relativo. Mientras que los ingresos “per cápita” mostraron un incremento en ambas áreas geográficas entre 2022 y 2023. En zonas urbanas pasaron de G. 2.042.633 a G. 2.181.151, mientras que en sectores rurales aumentaron de G. 1.181.501 a G. 1.377.517.
Situación y perspectivas de la economía plateada
Igualmente se puso bajo análisis las implicancias y oportunidades de la conocida como “economía plateada”, es decir, a la transformación económica impulsada por el aumento de adultos mayores, quienes tienen un impacto significativo en el consumo, el empleo y la innovación (Banco Interamericano de Desarrollo-BID).
Actualmente, en América Latina, una de cada 10 personas tiene más de 60 años, pero se proyecta que esta proporción alcanzará una de cada 4 en los próximos 30 años.
En Paraguay, los adultos mayores representaban el 13% de la población en 2023, con una mayor proporción de mujeres (52,9%).
A pesar de su creciente relevancia, este grupo enfrenta serias limitaciones en cobertura social y laboral. Solo el 28,4% aporta al Instituto de Previsión Social (IPS) y el 63,5% carece de cualquier tipo de seguro.
En 2023, la pobreza afectó a 125.454 adultos mayores, concentrándose en los departamentos de Central, Caaguazú y Alto Paraná. Además, la participación laboral disminuye con la edad, siendo más alta en el rango de 60 a 64 años, de acuerdo a los datos oficiales.
Sistema
La falta de inversiones en infraestructura y la incertidumbre regulatoria son las principales limitaciones para la sostenibilidad del sistema eléctrico local.
Acciones
Garantizar el abastecimiento futuro de la energía eléctrica requiere de acciones concretas para atraer el capital privado.
