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En esta primera entrega, la Consultora MF Economía e Inversiones presenta y analiza la informalidad como limitante en el potencial económico del país. Entre los grandes desafíos del presente Gobierno y que se maximizan para la próxima administración se encuentran aquellos que van desde la reducción de la informalidad hasta la necesidad de la reforma previsional y los nuevos modelos de financiamiento, así como relaciones comerciales y el proceso de transformación energética, que son tópicos de gran impacto.
Sobre el punto, es de mencionar que de acuerdo con la compilación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el empleo formal es aquel que se encuentra registrado en los sistemas de seguridad social institucionalizados, financiados a través de una contribución típicamente dividida entre empleadores, trabajadores y el Estado (usualmente llamados programas contributivos).
En tanto que los trabajadores en condición de informalidad constituyen el residual, entre los empleados formales y el total de trabajadores.
Otro documento del BID, denominado “Informalidad en los tiempos del covid-19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento”, refiere que, en crisis económicas previas a la pandemia, la informalidad servía como amortiguador, debido a que absorbía la salida del sector formal, mitigando el aumento en la tasa de desempleo (Lambert, Pescatori y Toscani, 2020).
Sin embargo, en este punto es de destacar los efectos que generan en el corto, mediano y largo plazo para las finanzas públicas del país. A considerar, que la falta de cobertura social se convertirá en una presión adicional a las cuentas públicas por el lado de lo que demandará en algunos años el pago de pensiones, la prestación sanitaria y condiciones adversas.
De manera general, del total de los ocupados no agropecuarios en el país y que al cierre de 2022 totalizaron 2.940.238 personas, el 63,4% (1.857.317 personas) de los ocupados no agropecuarios trabaja de manera informal. De este porcentaje, el 71% (1.319.633) labura en las ciudades y el 2% (537.684) en el campo.
Las estadísticas revelan que el empleo informal mostró una reducción desde el cuarto trimestre de 2021, con un aumento en los últimos tres meses del año pasado, tal como se muestra en el gráfico. Con respecto a los empleados por género, la informalidad agrupa a más hombres debido a la propia estructura laboral del país, es decir, de mayor mano de obra empleada.
Sobre el punto, un reciente informe del BID denominado: El desafío de la formalización en Paraguay: causas, motivaciones y propuestas de política pública refiere que, los sectores económicos, donde la participación de empresas informales es mayor son: construcción (62%); servicios comunales, sociales y personales (56%), y comercio, restaurantes y hoteles (44%), de acuerdo con datos procesados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Conforme con el estudio del organismo, la distribución se explica en parte porque son los sectores donde la preponderancia de las micro y pequeñas empresas (MIPE) –que son las que presentan niveles de informalidad más altos– es mayor (las MIPE representan 93%, 66% y 92% del total de compañías en esos sectores económicos, respectivamente).
En tanto que, en los sectores de construcción y de comercio, restaurantes y hoteles figuran como los de mayor participación de trabajadores informales (87% y 69%, respectivamente). Las actividades vinculadas a las finanzas y seguros y donde la participación de empresas de mayor tamaño es más elevada, presentan menores tasas de informalidad. Esto, explicado por estar sujetos a mayores regulaciones, requerimientos y controles para poder operar.
¿Cómo afecta la informalidad empresarial?
A lo expuesto anteriormente se le debe sumar que las empresas en situación de informalidad (aquellas que no cuentan con el Registro Único del Contribuyente-RUC) de acuerdo con datos de la EPH, excluido el sector primario) impactan en el potencial de recaudación del Estado. Por ende, restando posibilidades de expandir ciertos gastos de impacto social y económico (debe estar sujeta a una reforma estructural del gasto).
El mismo estudio del BID menciona estimaciones del Banco Mundial (BM) de que la economía informal ha representado en promedio 37% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el período 2004-18.
Por su parte, para PRO Desarrollo, el tamaño de la economía informal en Paraguay, estimada como economía subterránea, se ubicó en 46% del PIB durante el 2021, con una marcada tendencia creciente durante el período mencionado, particularmente a partir de 2009. La categorización de la mencionada economía agrupa a la actividad económica que permanece oculta para evitar su medición y por ende evadir impuestos. Puede ser tanto legal (lo que se considera “informalidad económica”) o ilegal (actividades como tráfico de drogas, falsificaciones, etc.).
El comportamiento sugiere, de acuerdo con el referido informe, por un lado, que el ritmo de crecimiento de la economía informal podría haber sido mayor que el de la economía formal; por el otro, que ante contracciones económicas, como las que atravesó Paraguay en 2009, 2012 y más recientemente en 2019 y 2020, la economía informal aumenta significativamente, pero que, una vez que se retoma el sendero de crecimiento, esa proporción no retrocede a los niveles previos a las crisis, perpetuando los patrones de informalidad.
Como las estadísticas revelan, la situación de la informalidad representa un sobrecosto a las finanzas públicas que, de no encontrar soluciones, se profundizará en algunos años, así como una oportunidad de generar recursos para el financiamiento de las cuentas públicas.
Por consiguiente, es imperiosa la necesidad de buscar estrategias y acciones que permitan incluir a más personas en el circuito laboral y empresarial formal como flexibilizaciones de acuerdo con las categorías de los sectores económicos, así como facilidades e incentivos en el proceso.
Sectores
En sectores de la construcción y el comercio (restaurantes y hoteles) figuran como los de mayor presencia de trabajadores informales.
Shocks
Un estudio del Banco Mundial señala que los países de América Latina y el Caribe están más expuestos tanto a shocks externos como a desastres naturales.
