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El costo unitario del servicio de electricidad de la entidad binacional es el promedio entre la cifra que defendía el gobierno de Mario Abdo Benítez (US$ 22,60/kWmes) y la que había decidido y aplicado Brasil (US$ 18,95/kWmes). La opción final por esta cantidad, en lo inmediato, se traducirá en un ingreso adicional para los gobiernos de nuestro país y Brasil de US$ 220 millones sobre el costo actualizado de la binacional, el que, según la versión oficial, lo invertirán “en el fortalecimiento y modernización del sistema eléctrico, a través de la ANDE” (64%). El restante 36% “en la continuidad de proyectos de alto impacto para el país”, en rigor los ya afamados “gastos sociales”, cuyo efecto es casi similar al que tiene la coima en el funcionariado público y cuyos encantos se acentúan considerablemente para los gobiernos de turno, porque, por extraño que parezca, están libres de la “molestosa curiosidad” de las instituciones de control.
Otra decisión que no debe perderse de vista, porque hasta hoy no informaron de sus “letras chicas”; porque fue el tema más urticante del “acta bilateral” de 2019 y porque cambiará el peso de las facturas de Itaipú en el costo de la ANDE, se relaciona con su contratación de potencia.
Según los datos que divulgaron, en 2023 la estatal paraguaya contratará 2.154 MW, o sea, 344 MW más que este año, que según el acuerdo vigente es de 1.810 MW. También llama la atención que el acuerdo, de cuya existencia hablaron por primera vez esta semana, dure un solo año. El aún vigente, que suscribieron en diciembre de 2019, regirá durante tres años (2020, 2021 y 2022).