En la entrega anterior señalamos que, si bien el lado paraguayo de la Itaipú ha sostenido que su actuar se basó en el Tratado de Itaipú y en la normativa establecida para la indemnización de la población afectada, existían en la época tratados internacionales y leyes nacionales que protegían a los indígenas del traslado no consentido de su territorio, normativa que se encuentra por encima del Tratado de Itaipú y de cualquier reglamentación.
En el Convenio 107 de la OIT, de 1957, ratificado por una ley nacional de 1968, se prohibía expresamente el traslado de comunidades indígenas de sus territorios tradicionales sin su libre consentimiento y se establecía que, de ser imprescindible dicho trasladado, las tierras que se les entregaran debían ser al menos iguales en calidad y cantidad a las que dejaran. Esto no sucedió con las comunidades ava guaraní del lado paraguayo afectadas por la IB.
Esos mismos derechos fueron consagrados en la Ley 904/1981, en el capítulo V de la Constitución de la República del Paraguay de 1992 y en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado en Paraguay por la Ley 234/1993.
De las 36 comunidades ava que existían en el área de influencia de Itaipú del lado paraguayo se contempló trasladar siete, de las cuales sólo dos se asentaron en tierras legalizadas, que no fueron otorgadas por el Estado paraguayo. Una fue adquirida por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), y la otra, cedida por particulares. Otras tierras para las comunidades desplazadas fueron adquiridas por la CEP. Aquellos ava que no consiguieron tierras se asentaron en comunidades que sí las tenían (1).
Lo adquirido por Itaipú, lado paraguayo, para los ava guaraní paranaenses es una pequeña parte del territorio que perdieron con la construcción de la RHI. En 1981 compró 1000 hectáreas para la comunidad Koeju y 1000 para la comunidad Itabo.
Desde la década de 1980, los ava guaraní paranaenses del lado paraguayo desplazados por la IB reclamaron una compensación justa por sus tierras. Los de la comunidad Sauce, dado que las tierras donde vivían antes de la construcción de la RHI no fueron inundadas, en 2015 decidieron reocupar parte de su antiguo territorio y se instalaron en una propiedad privada. Fueron desalojados en 2016 y se incendiaron todos sus bienes materiales, incluyendo viviendas, chacras y su templo ceremonial (2).
Luego del desalojo se refugiaron en la reserva Limoy de la IB. La empresa ha intentado, en instancias judiciales, desalojarlos. En 2023 la comunidad obtuvo una sentencia favorable que estableció que Itaipú no tenía fundamentos legales para el desalojo. Itaipú apeló la sentencia, por lo que el caso pasó a una segunda instancia (3).
Los ava guaraní paranaenses del lado paraguayo reclaman al gobierno paraguayo lo siguiente: 1. Restitución de la parte de sus tierras ancestrales que no fue inundada o quedó en las nuevas costas; 2. Restauración ambiental de los territorios restituidos a fin de recuperar los ecosistemas nativos; 3. Creación de infraestructura en las comunidades, financiada por la IB; 4. Proyectos de desarrollo económico; 5. Creación de un fondo comunitario de revitalización de la cultura del agua; 6. Adquisición de vehículos y maquinarias; y 7. Creación de un Instituto de Formación Profesional, con énfasis en la formación agrícola y enfoque intercultural, para los jóvenes de las comunidades ava guaraní paranaenses (4).
Los ava guaraní paranaenses del lado brasileño también han reclamado a la IB, lado brasileño, por lo que consideran fue un actuar incorrecto de la empresa hacia ellos. En la «Carta pública del pueblo guaraní: en lucha contra el fin del mundo», presentada en São Paulo el 27 de septiembre de 2019, se lee: «Sin pedir permiso, el proyecto, que en su momento fue la mayor hidroeléctrica del mundo, promovió el desalojo de 8000 personas, sólo del lado brasileño, sin un plan de reubicación mínimamente adecuado a su realidad y con la participación activa de los mismos órganos públicos encargados de salvaguardar y proteger los derechos de esas personas. Más de 32 aldeas quedaron inundadas y aún hay che ramoi y che jaryi que recuerdan la desesperación de ver subir el agua y tener que abandonar a toda prisa los lugares que ocupaban tradicionalmente» (5).
Respecto al proceder de la IB, lado brasileño, con los ava guaraní cuyo territorio tradicional fue impactado por la represa, la compensación que se les otorgó se calculó en base a un subregistro de su número y sus tierras. Para determinar el número de indígenas que serían afectados por la obra, en 1981 la FUNAI reconoció la existencia solamente de cinco familias ava guaraní y le dio este dato a Itaipú, lado brasileño. En las primeras décadas del siglo XX existían en el área de influencia de la Itaipú, lado brasileño, zona oeste del estado de Paraná, 32 aldeas ava guaraní, que se estima ocupaban unas 132.000 hectáreas. Desplazadas forzosamente por varios agentes, públicos y privados, migraron contra su voluntad a diferentes sitios, retornando a su territorio tradicional antes o después de la construcción de la RHI. Este proceso es conocido como «sarambi» (desastre) en la memoria colectiva de los ava guaraní del oeste del Paraná.
Al momento de la inundación de las tierras que constituyeron el lago de Itaipú, había en ellas varias familias y comunidades indígenas. No fueron reconocidas, considerándoseles ocupantes ilegales e incluso no indígenas. Argumento suficiente para imponer la versión de que no les correspondía ninguna indemnización por la pérdida de las tierras en las que estaban. Así, la IB fue responsable de un nuevo sarambi para los ava guaraní del oeste del Paraná.
La legislación brasileña de la época, como la paraguaya, protegía los derechos territoriales de los indígenas. Por lo que el proceder de la IB con los ava guaraní del lado brasileño también fue ilegal. En Brasil también estaba vigente el Convenio 107 de la OIT. Además, en los artículos 186 y 198 de la Constitución de 1967 se aseguraba la legitimidad de la posesión de las tierras habitadas por indígenas, que no debían ser expulsados de las mismas bajo ningún pretexto. En el estatuto del indio se contemplaba que, de ser desplazados de su territorio, debían ser resarcidos por el daño (6).
En vista de que el trato que recibieron de la IB fue ilegal, los ava guaraní del oeste del Paraná decidieron encarar sus reivindicaciones con la empresa por vía judicial.
Tras años de proceso, el 24 de marzo de 2025 el Supremo Tribunal Federal de Brasil homologó un acuerdo de conciliación dentro de una acción judicial interpuesta por la Procuraduría General de la República de Brasil, en representación de las comunidades ava guaraní paranaenses, contra entidades del Estado brasileño y la IB. Se formalizó que la empresa financiara la compra de 3000 hectáreas de tierra en Brasil para restituir parte del territorio ava guaraní paranaense que fue inundado para la construcción de la RHI (7).
Estas tierras no saldan la deuda de la empresa y el gobierno de Brasil con los ava guaraníes ni corresponden a la dimensión real del daño causado a su territorio. En la ceremonia en la que se anunció su entrega, Paulina Martines, lideresa, kunha ruvixa y representante de la Tierra Indígena Tekoha Guasu Guavirá, afirmó: «Este debe ser solo el primer paso en el camino que nos lleva a una verdadera reparación histórica digna de ese nombre» (8). En dicho acto, el director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, mencionó que la adquisición de esas 3000 hectáreas representa sólo parte del pago de la deuda histórica de la IB con los ava guaraníes: «No basta proporcionar tierras; es importante brindar asesoramiento y apoyo. La idea es que, tan pronto como estas comunidades tengan su espacio adecuado, Itaipú estará presente para brindarles las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida» (9).
El acuerdo de conciliación del 24 de marzo de 2025 también establece que el Gobierno brasileño, la FUNAI, el INCRA y la Itaipú deberán elaborar un pedido de disculpas a los ava guaraní por los daños causados durante la construcción de la RHI, reconociendo las responsabilidades de la empresa. Esta declaración se deberá publicar en internet, en los sitios web de las instituciones y en periódicos locales y nacionales (10).
Este pedido de disculpas, que todavía no se dio, será un hito histórico, pues durante décadas la posición oficial de la IB, tanto del lado paraguayo como del brasileño, fue que la deuda con los indígenas ya estaba saldada, fuera con la creación de reservas, del lado brasileño, fuera con indemnizaciones por ranchos y pequeñas chacras, del lado paraguayo. Las administraciones de ambas márgenes se negaron durante mucho tiempo a conversar sobre reparaciones adicionales.
Del lado brasileño, el director general de Itaipú ya declaró que las futuras acciones de apoyo a las comunidades ava guaraní del oeste del Paraná se enmarcarán dentro de la reparación por los errores de la Itaipú con estos indígenas. Lo que el Gobierno brasileño e Itaipú, margen izquierda, están haciendo es solo el comienzo. Pero es un comienzo, al fin.
Del lado paraguayo, falta aún que la margen derecha de la IB reconozca la deuda histórica de la empresa con los ava guaraníes desplazados por la construcción de la RHI. Un buen comienzo sería retirar su demanda de desalojo contra los miembros de la comunidad Sauce y comenzar una mesa de diálogo con referentes de las comunidades ava guaraní paranaenses afectadas por la Itaipú para asumir la obligación de resarcir los daños ocasionados en el pasado, comenzando el camino de la búsqueda de reparación.
Todos tenemos derecho a equivocarnos. Es un derecho que forma parte de la condición humana. Pero también, una vez que comprendemos la magnitud de nuestros errores, tenemos el deber de corregirlos. Aunque con más de cuatro décadas de retraso, paraguayos y brasileños estamos a tiempo de pagar nuestra deuda con los ava guaraní paranaenses. Hagámoslo.
Notas
(1) Barón, M. (2017). Los ava guaraní paranaenses. Un etnocidio sistemático. Ceaduc, pp. 85-86.
(2) Asociación Yvy Parana Rembe´ýpe (2021). Deuda histórica de Itaipú Binacional lado paraguayo con el pueblo ava guaraní paranaense. Jerovia, pp. 77-79.
(3) Paraguay. Victorias en tribunales de las comunidades indígenas Tekoha Sauce y Loma marcaron el 2023, Resumen Latinoamericano, 02/01/2024: https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/01/02/paraguay-victorias-en-tribunales-de-las-comunidades-indigenas-tekoha-sauce-y-loma-marcaron-el-2023/
(4) Asociación Yvy Parana Rembe’ýpe, op. cit., pp. 99-100.
(5) Carta pública do povo Guarani: em luta contra o fim do mundo (2019). En: https://apiboficial.org/2019/10/07/carta-publica-do-povo-guarani-em-luta-contra-o-fim-do-mundo. En portugués en el original.
(6) Alcântara, G., et al. (2019). Avá-Guarani: a construção de Itaipu e os direitos territoriais. ESMPU, pp. 41-169.
(7) Amnistía Internacional: Brasil y Paraguay: Itaipú da un paso hacia la restitución territorial del pueblo Avá Guaraní Paranaense pero la reparación integral sigue pendiente, 01/04/2025: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/04/brasil-y-paraguay-itaipu-hacia-la-restitucion-territorial/
(8) Itaipú Binacional: Acordo inédito vai permitir compra de 3 mil hectares de terras para indígenas Avá-Guarani, no oeste do PR, 24/03/2025: https://www.itaipu.gov.py/sala-de-imprensa/noticia/acordo-inedito-vai-permitir-compra-de-3-mil-hectares-de-terras-para-indigen
(9) Ibíd.
(10) Ibíd.
*Marcelo Bogado Pompa es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Antropología por la Sorbonne Nouvelle (París 3), investigador, docente y autor de los libros Representaciones y prácticas de salud en dos comunidades mbya guaraní de Caazapá (Kuña Aty, 2012), Antropología Social (Santillana, 2023) y Los antiguos y los nuevos. Pasado y presente del pueblo nivaclé (Tiempo de Historia, 2025).
