Sus operadores debían investigarlo

La investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito contra el senador Dionisio Amarilla quedó trabada cuando la Fiscalía solicitó informes de su situación patrimonial a la Contraloría General de la República.

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No es para menos que el ente contralor cajoneara durante meses los pedidos que le habían sido remitidos desde el Ministerio Público. Es que de la mano de José Enrique García, Amarilla consiguió ubicar a sus operadores y hasta familiares en cargos importantes dentro de la institución.

Analy Valiente, la esposa del legislador, ingresó primero como funcionaria permanente de la institución en 2016 y al poco tiempo llegó a directora de Declaraciones Juradas. Todo de la mano de Enrique García.

Básicamente, Valiente era la encargada de realizar el análisis de correspondencia de lo que declaraba su marido. Ese dictamen nunca fue remitido a la Fiscalía.

Hasta que explotó el escándalo de planillerismo en la Universidad Nacional de Asunción en el 2015, Analy se desempeñaba como funcionaria privilegiada de la institución, donde su marido estuvo por muchos años como administrador.

Al verse salpicada, Valiente renunció a la UNA, y rápidamente logró su nombramiento como nueva funcionaria de la Contraloría General de la República, con un salario superior a los G. 15.000.000, posiblemente ya a instancias de su marido, que entonces era diputado.

José Nicolás Arregui, primo y operador político del senador Dionisio Amarilla, llegó a ocupar el cargo de director de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias. También llegó a la institución durante la era García.

Arregui fue precandidato a diputado de Itapúa por la Lista 100, encabezada por Amarilla. Funcionarios de la dirección que figuraba a su cargo fueron denunciados por un supuesto pedido de dádivas para la aprobación de rendiciones de cuentas de recursos de royalties y Fonacide.

Durante el juicio político al excontralor Enrique García, varios senadores denunciaron que existía un esquema de recaudación precisamente con base en la extorsión a intendentes y gobernadores.

Tanta era la cercanía entre Amarilla y García, que el primero operó para salvar a este último durante su juicio político. Es más, ambos asistieron a una reunión en el departamento de la senadora Zulma Gómez días antes de que finalizara el proceso. Y salieron del lugar juntos, en la misma camioneta y escondidos en asientos traseros.

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