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Según explicaron desde el ente de control, los análisis de correspondencia de bienes son trabajos muy limitados, ya que solo se basan en lo que declaran los funcionarios. Insistieron que la fiscalía puede investigar más a profundidad, ya que tiene el poder coercitivo.
El caso del jefe aduanero Enrique Casaccia Furiasse, quien no pudo justificar G. 1.000 millones, fue uno de los primeros en derivarse. También se remitió informe sobre Carlos Mora, director de fiscalización, otro en lista de sospechoso de enriquecimiento, por una colección de inmuebles que se le adjudica.
El auto usado no declarado por Julián Martí fue derivado a fiscalía. Mientras los análisis de los casos más grandes siguen congelados.