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La acción contra el Estado paraguayo es promovida por Mauri Arza Huerta, María Graciela Rodríguez Arza y María Teresa Rodríguez de Florentín, con patrocinio del abogado Rodolfo Aseretto. A través de la misma, los Arza solicitan el cumplimiento del acuerdo conciliatorio de compraventa firmado el 20 de febrero pasado.
Los accionistas piden además el pago de una “justa indemnización que comprenda daño moral y material, por desgaste físico, espiritual y económico, causado por el Estado paraguayo a la familia Arza Huerta y descendientes”.
En el acuerdo en cuestión, del 20 de febrero pasado por el procurador Pedro Valiente y Mauri y María Carmen Arza Huerta, el Estado se obliga a pagar G. 45.675.000.000 por la finca N° 41.470, de Luque, dentro del predio de la Fuerza Aérea, en un solo pago.
En virtud de dicho acuerdo, los Arza Huerta se comprometían a desistir del juicio de reivindicación y restitución promovido contra el Estado paraguayo.
La legalidad de dicho acuerdo y otros dos similares por un total de G. 60.000 millones es cuestionada por las autoridades actuales.
Precisamente el jueves pasado, el fiscal general del Estado anunció la promoción de acciones tendientes a lograr la nulidad de estos acuerdos e incluso se solicitó medidas cautelares de no innovar. Uno de los argumentos esgrimidos por la fiscalía que es que el exprocurador Valiente los suscribió sin contar con un poder otorgado por el Ejecutivo.
El representante legal de los Arza Huerta, Aseretto, salió al paso de las declaraciones del fiscal general y afirmó que “día histórico” (tal como Díaz Verón calificó el día de la promoción de las acción de nulidad) será aquel en que “se recuperen los bienes malhabidos de los exjerarcas stronistas”.