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“En dicho acto, el abogado Pedro Valiente Lara, invocando la representación del Estado paraguayo, en su carácter de procurador general, celebró un acto jurídico sin poseer suficientes atribuciones para ello y violando leyes vigentes directamente aplicables al caso, transando, adquiriendo un inmueble y obligando al Estado paraguayo al pago de G. 45.675.000.000”, apuntó Díaz Verón en la demanda presentada.
“El procurador representa y defiende los intereses patrimoniales de la República. En ningún caso, la norma constitucional le atribuye facultades para obligar al Estado. Esto es, para asumir derechos y obligaciones que graven sobre el patrimonio de este y mucho menos para celebrar adquisiciones de bienes, lo cual resulta inadmisible, impropio y completamente desajustado con relación a las atribuciones del procurador general, que carece de toda facultad al respecto”, acotó el fiscal.
Por otro lado, hay una investigación penal abierta por la Unidad de Delitos Económicos, a cargo del fiscal adjunto Carlos Arregui.