Tres expresidentes peruanos van a juicio por crímenes y corrupción

La justicia de Perú define esta semana el futuro del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por un caso criminal, y los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) por corrupción y lavado de dinero en el caso que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

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LIMA (AFP). La Sala Penal Nacional ordenó que el expresidente Alberto Fujimori (79) sea juzgado por la matanza de Pativilca de 1992, lo que podría llevarlo nuevamente a prisión tras conseguir en diciembre un indulto presidencial mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad. 

Por su parte, Toledo y Humala están acusados de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado US$ 29 millones en sobornos en Perú bajo diferentes gobiernos. 

La justicia debe determinar en unos días qué medidas cautelares impondrá a Fujimori (1990-2000), como prisión preventiva o prohibición de salir del país, aunque el juicio por la matanza tomará más tiempo. 

Por su lado, la Corte Suprema debatirá una solicitud de extradición de Toledo desde EE.UU., formalizada por el juez Richard Carguancho, quien además mantiene en prisión preventiva desde hace siete meses a Humala y a su esposa, Nadine Heredia. 

Toledo es acusado de “tráfico de influencias, colusión y lavado de activos”, por haber supuestamente recibido un soborno de US$ 20 millones de Odebrecht para adjudicarle la construcción de una carretera en la Amazonia. El exmandatario insiste en que es inocente. 

A su vez, el expresidente Humala y su esposa presentaron un recurso de amparo, que debe ser resuelto en los próximos días por el Tribunal Constitucional. 

Ambos son investigados por lavado de activos por el presunto aporte ilegal de unos US$ 3 millones para la campaña presidencial que habría hecho Odebrecht. 

Humala y Heredia niegan que se haya producido esa entrega. 

El escándalo de Odebrecht en Perú también ha salpicado al actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien estuvo a punto de ser destituido en diciembre por el Congreso después de que la propia empresa reconociera que le había pagado casi US$ 5 millones por asesorías a empresas ligadas al presidente cuando era ministro de Toledo. 

Tras las revelaciones, la popularidad de Kuczynski cayó en picada: la desaprobación a su gestión subió al 75% este mes, según sondeo de una consultora privada.

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