Se fragmenta coalición del gobierno de Rousseff

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, le declaró la guerra a la mandataria Dilma Rousseff y buscará que su partido, el mayor aliado del Gobierno, rompa esa coalición, en medio de acusaciones de corrupción por el caso Petrobras. La fiscalía no ha abierto ninguna investigación en contra de la mandataria.

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BRASILIA (EFE). “Sepan que el presidente de la Cámara ahora es opositor al Gobierno”, dijo Cunha, un poderoso parlamentario, evangélico y conservador, quien ya era considerado el mayor enemigo de Rousseff desde que asumió la jefatura de la Cámara Baja en febrero.

El trasfondo de esta ruptura, una formalidad porque Cunha ha enfrentado frecuentemente al Gobierno en el Parlamento, es la investigación que la fiscalía abrió por la supuesta participación del diputado en la trama de corrupción de la estatal Petrobras, que le costó a la empresa más de 2.000 millones de dólares.

Un acusado lo señaló el jueves de haber pedido un soborno de 5 millones de dólares a una empresa por un contrato con la petrolera. Cunha, que ya fue investigado antes por corrupción, negó las acusaciones con “vehemencia” y aseguró que es blanco de una operación “faraónica” para sacarlo de este cargo, incómodo para el Gobierno.

“No quiero ser parte de ese lodo, ni voy a ser intimidado para que mis posiciones sean favorables al gobierno”, lanzó Cunha, uno de los 22 diputados investigados por la fiscalía por el escándalo. Y según afirmó, el fiscal general Rodrigo Janot busca inculparlo para congraciarse con el gobierno, que podría no apoyar su continuidad en el cargo.

Cunha, a quien algunos llaman el ‘Frank Underwood’ de la política brasileña, criticó que otro acusado que colabora con la justicia a cambio de una reducción en su condena -el cambista Alberto Youssef- involucró a Rousseff y a su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en la causa y “nadie abrió una investigación en su contra”.

“Están tomando cosas de Youssef y seleccionan” a quien investigar, insistió.

La Presidencia aclaró en un comunicado que el Gobierno “siempre ha actuado exento de las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, sólo interviniendo cuando hay indicios de abuso”.

La fiscalía descartó abrir una investigación contra Rousseff por este caso, y contra Lula se abrió este mes un proceso por un caso que no está relacionado -por ahora- con el escándalo Petrobras. La investigación a Lula es por un supuesto tráfico de influencias para ayudar a la gigante de la construcción Odebrecht a ganar contratos en el extranjero con créditos brasileños.

Pero una relación de Lula con la gigantesca confabulación de Petrobras no se ha comprobado, como tampoco ocurrió en otro gran escándalo de corrupción que estalló durante uno de sus gobiernos, en el que se sobornó parlamentarios para votar a favor de las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo.

En el caso de Petrobras, exejecutivos, empresarios y políticos habrían coludido para amañar licitaciones mediante sobornos, que engrosaron fortunas personales y financiaron a partidos políticos, incluido el PMDB de Cunha y el PT de Rousseff y Lula.

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