La norma dice que la inhabilitación “será perpetua siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella”.
Añade que según el caso, el funcionario condenado podría quedar inhabilitado para ocupar cargo público entre 5 y 20 años.
Agrega que esto también se producirá cuando “la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias”.
La normativa también crea un Registro Único de Condenados Inhabilitados por delitos contra la Administración Pública.
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La ley se promulgó como parte de una serie de medidas inmediatas de lucha contra la corrupción anunciadas por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.