El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; el vicepresidente segundo y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, César Garay Zuccolillo; los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, junto al presidente de la República, Santiago Peña, habrían fracturado seriamente el artículo 3 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, que establece la separación de los poderes del Estado, y el artículo 248 de la Independencia del Poder Judicial, el límite infranqueable de todo Estado de derecho. Esa frontera que, cuando se rompe, se desatan las aguas de las dictaduras y la ausencia de garantías constitucionales para una nación. Con una sesión clandestina en Mburuvicha Róga, en las sombras, oculta y a escondidas como todo aquello indebido que se esconde de la transparencia, dieron una estocada a la administración de la justicia en el Paraguay.
Seis de nueve ministros del Poder Judicial se reunieron en la residencia presidencial con el titular del Poder Ejecutivo en una agenda oculta que nunca se hizo pública; ni antes, ni después. De hecho, la media docena de ministros visitantes de Mburuvicha Róga tardaron una semana en confirmar la existencia de la reunión mientras veían que otro poder, el Legislativo, se burlaba de las publicaciones periodísticas insistiendo en que era solamente una fábula.
Con este feroz golpe a su credibilidad, en la mañana de ayer todos los invitados aceptaron que estuvo Santiago Peña, titular del Ejecutivo. Hasta el momento de esta redacción, nadie emitió un desmentido categórico sobre la eventual presencia del titular del Partido Colorado y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
El cónclave secreto no figuró en la agenda pública de ninguno de los dos poderes reunidos: no figuró ni en la presidencial ni tampoco apareció en la de la Corte Suprema; si es que estuvo Cartes, tampoco apareció en la agenda de la ANR. Lo que se puede confirmar a estas horas es que estuvieron presentes autoridades de dos poderes del estado, Ejecutivo y Judicial, cuyos debates, decisiones u opiniones pueden influir en causas judiciales abiertas, decisiones constitucionales y afectar seriamente la independencia de los poderes según lo establecido expresamente en la Constitución Nacional.
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El artículo 3, del Poder Público, es demasiado claro para que profesores doctores lo hayan ignorado: cada poder actúa independientemente dentro de sus competencias. Pero una junta discrecional, secreta y clandestina tiene toda la capacidad de influir en decisiones jurisdiccionales o administrativas además de comprometer seriamente la independencia funcional del Poder Judicial. El artículo 248, De la independencia del Poder Judicial, garantiza que jueces y ministros deben actuar sin presiones de otros poderes. Una reunión a escondidas con el Presidente de la República habilita al pueblo a interpretarla como una coordinación indebida, influencias externas y hasta presiones políticas, todas las cuales y por igual violentan el Estado de derecho.
El artículo 238, inciso 3, es más preciso todavía; establece claramente las atribuciones del Poder Ejecutivo, en las que queda claro que no ejerce funciones judiciales. Si la media docena de convidados, a instancias de otros poderes, participara en decisiones de distintas salas del poder judicial, causas relacionadas con el mismo Poder Ejecutivo o sus amigos y familiares, fallos en trámite, podríamos hablar con total propiedad que se vulneró la independencia de los poderes del Estado.
Secreta. Clandestina. Oculta. En las sombras. Los ministros de la Corte que asistieron a la reunión intentaron ayer, penosamente y sin éxito, ningunear el encuentro con el Presidente de la República. Fue deplorable verlos tratando de justificarse: uno dijo que eran cuestiones administrativas, otra que fue para discutir el Plan de Caja, otro que fue por asuntos presupuestarios. Escucharlos escudarse en tales argumentos hace sospechar seriamente de la idoneidad de varios de ellos porque insultan la inteligencia del ciudadano. El Presupuesto 2025 ya fue aprobado, lo comunicó Santiago Peña en redes sociales mientras se sacaba una foto en compañía de su ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Además, el Poder Judicial tiene autarquía presupuestaria.
Los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia despreciaron ayer la razón de la ciudadanía. Intentaron –infructuosamente– relativizar los motivos que llevaron a una sesión a escondidas, pero además, olvidaron ponerse de acuerdo en algo neurálgico. Si fue una sesión simplemente para discutir Plan de Caja, ¿por qué excluyeron a algunos de los nueve ministros de la Corte? Quienes estuvieron presentes olvidaron preparar una respuesta convincente que tapara la boca a todos para un asunto medular: ¿por qué la exclusión de algunos?
El tono humorístico lo puso el propio presidente de la Corte al justificar el porqué. Según el profesor doctor César Diesel no invitaron a otros porque uno estaba con una dolencia y otro no estaba en Asunción. En pleno siglo 21, de las luces y la tecnología, ministros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay pretenden que nos traguemos que es imposible comunicarse con alguien porque está enfermo y con otro porque no está en la capital del país. Deplorable intento por explicar lo inexplicable.
Si la reunión fue tan cristalina, usual e intrascendente como pretendieron convencernos; si se trataron asuntos tan inocuos como se esforzaron por repetir, ¿cómo es que despreciaron el artículo 28, que establece el derecho de las personas de recibir información veraz, responsable y ecuánime, lo que lleva implícita la obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno? Ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo informaron en sus agendas diarias usuales la realización del cónclave. Es más, desde la vocería presidencial se esforzaron en remarcar que ni confirmaban ni desmentían la existencia de tal reunión; se negaron a proporcionar información sobre actos de gobierno que están obligados a hacerlos públicos.
La media docena de convidados ha dado pie no solo a que desconfiemos de la posible injerencia del Ejecutivo en procesos judiciales con tinte político que se están tratando en el Poder Judicial, o sobre los adversarios políticos del presidente Santiago Peña y de su padrino Horacio Cartes. Con su asistencia a la reunión clandestina, la ciudadanía tiene razones para sospechar que bien pudieron haberse “hablado” o “consensuado” casos que afectan tangencialmente a ambos.
En el Poder Judicial se están tratando los casos de la exsenadora Kattya González, el expresidente Mario Abdo Benítez, el exintendente esteño y opositor Miguel Prieto, los relacionados a los exsocios de negocios de Peña (el Grupo Vázquez), el caso del senador colorado cartista Erico Galeano y hasta el futuro de un precandidato presidencial disidente de la línea colorada oficial, como es el de Arnoldo Wiens.
Si hubieran tratado alguno de estos temas, varios o todos, habrían vulnerado disposiciones jurídicas escritas y vigentes en nuestro ordenamiento legal sobre independencia judicial. En un país con un Congreso que no estuviera copado por tránsfugas, la media docena de ministros y el propio presidente de la República, Santiago Peña, serían candidatos naturales a juicio político por sospechas de tráfico de influencias, coacción sobre órganos constitucionales y mal desempeño de funciones públicas. Causales sobran, pero faltan votos.
Los últimos presuntos audios del abogado de Horacio Cartes distribuyendo cargos en el Poder Judicial, los WhatsApp que se conocieron este año donde el mismo abogado daba órdenes al Ministerio Público de cómo procesar al expresidente Mario Abdo Benítez, ya fueron muestras de cómo la justicia ha dejado de ser la garantía de dar a cada uno lo que es suyo. La independencia judicial no es un artículo más dentro de la Constitución Nacional: es el PILAR que sostiene la separación de poderes. Si el Poder Judicial pierde autonomía, las garantías constitucionales dejan de ser exigibles. Cuando un tribunal se somete y arrodilla, la Constitución Nacional en su totalidad pierde eficacia.
Romper la independencia judicial abre la puerta a todos los demás abusos. Paraguay ya lo ha vivido en dictadura: se altera el funcionamiento constitucional del Estado, se pone en riesgo el derecho a la defensa porque no se litiga frente a un juez imparcial, se destruye la credibilidad institucional y se habilita el tráfico de influencias en su más feroz y brutal manifestación. Ya no es entre particulares, es entre poderes del Estado. He allí por qué la independencia judicial es el límite inquebrantable en un Estado de derecho.
Esta última reunión, secreta, oculta, clandestina y en las sombras confirma lo que se sospechaba según manifestaciones en todas las esferas: las garantías están igual de perdidas que la esperanza de tener justicia en el Paraguay de Horacio Cartes y Santiago Peña, con un Ministerio Público y una Corte Suprema de Justicia totalmente sometidos.