El lunes pasado, la ciudad de Lambaré fue escenario de un operativo antidrogas denominado “Conexión CV”, y según el ministro de la Senad, Jalil Rachid, se desmanteló un esquema que desde Paraguay abastecía de armas y drogas al grupo terrorista Comando Vermelho. El funcionario señaló que la estructura criminal operaba bajo la fachada de una empresa importadora de vehículos pero que, sin embargo, adaptaba los rodados para el transporte de drogas y municiones hasta su destino final, las favelas de Río de Janeiro.
La gran cantidad de municiones incautadas, además de ser un golpe contra el crimen organizado, demuestra la fragilidad de los sistemas de control y la facilidad que tienen las bandas, recientemente calificadoas como “grupos terroristas” por el Gobierno paraguayo, de moverse a sus anchas por el territorio nacional, de entrar y salir por nuestras fronteras, transitar por nuestras rutas y contar con financiación para adquirir armamentos costosos y municiones de grueso calibre, altamente difíciles de conseguir ya que supuestamente están reservados al uso de organismos de seguridad.
El titular de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), Gral. Melanio Servín, habló sobre la ruta de tráfico de armas y drogas que operaba en Paraguay y que permitía que se provean al Comando Vermelho de Brasil municiones y drogas provenientes de Bolivia.
En otro momento, el fiscal Rachid mencionó que luego del operativo ejecutado por la policía brasilera a fines de octubre en las favelas de Río de Janeiro, en el cual perdieron la vida un total de 121 personas, entre ellas cuatro policías, el Comando Vermelho buscaba nuevamente reabastecerse de armas y drogas a través de la estructura que funcionaba en Paraguay.
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Si bien todo esto sucedía en “las narices” del Gobierno paraguayo y los organismos de seguridad, el presidente Santiago Peña había ordenado meses atrás elevar al máximo el nivel de alerta en toda la franja fronteriza, con énfasis en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, incluyendo el refuerzo de personal y medios materiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección de Migraciones. Al parecer no tenía ni idea de que la base de operaciones y la coordinación logística se ejecutaba en la ciudad de Lambaré, distante a menos de 15 kilómetros del Palacio de Gobierno, la Comandancia de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones.
Como si todo fuera poco, el ministro Rachid lamentó la falta de colaboración del Ministerio Público, en especial de la fiscala adjunta para el narcotráfico, Matilde Moreno, la misma que había amenazado a las hijas del secuestrado Félix Urbieta con suspender la búsqueda de este si es que ellas hablaban con los periodistas. “¡Son una vergüenza! ¡Por eso están donde están! ¡Tienen el freno de mano levantado!”. Estas fueron algunas de las expresiones de Rachid en contra de la fiscala Moreno, quien aparentemente había puesto trabas negándose, llamativamente, a gestionar una orden de allanamiento a una vivienda donde presumiblemente se encontraban 100 kilos de cocaína y al menos 25 fusiles que debían ser trasladados hasta Brasil para abastecer al grupo terrorista. (ABC 26/11/25).
¿Cuál sería el interés del Ministerio Público, de la fiscala adjunta de lucha contra el crimen organizado Matilde Moreno y del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de entorpecer el trabajo de las instituciones que combaten el narcotráfico? ¿Será que esperan que “Mandrake el Mago” sea quien desarticule la organización criminal?
Según Rachid, la fiscala Moreno habría rechazado el pedido de allanamiento solicitado por la Senad frenando el avance de la operación por considerar que los detalles de la solicitud de allanamiento eran insuficientes, pese a la previa incautación de drogas y armas de grueso calibre.
Es lamentable que la institución que supuestamente debe representar a la sociedad ponga “palos en la rueda” para continuar con un operativo antimafia que busca “desarmar” a un peligroso grupo terrorista que se mueve como “Juan por su casa” en la capital del país y por las “rutas del narcotráfico”.
Pero más lamentable es que ese aparente “boicot” que refirió el ministro de la Senad provenga de la institución que ya ha contado bajas en sus filas, con el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, a quien no terminan de darle justicia encontrando a los autores morales de su asesinato.
Estas declaraciones del ministro de la Senad en contra del aparente actuar negligente y “llamativo” de la fiscala adjunta Matilde Moreno, al grado de frustrar la continuidad de un megaoperativo contra una de las bandas terroristas más peligrosas de la región, deben motivar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la apertura de una investigación de oficio contra la misma, si realmente le interesa a ese organismo otrora salpicado por tener entre sus miembros a personas presumiblemente ligadas al narcotráfico, a apoyar la lucha contra el crimen organizado.
Como corolario, el fiscal general del Estado se limitó a brindar su apoyo a la fiscala adjunta, y en un esfuerzo de justificar tan lamentable actuación, expresó que la solicitud de allanamiento carecía de requisitos “formales”. Esta validación de Rolón solo abona lo expresado por Rachid: “el Ministerio Público tiene el freno de mano levantado” para ciertos casos, pero con el pie en el acelerador para otros, se puede agregar.
No obstante, si no existe el compromiso real del Gobierno a través de todas las instituciones involucradas de combatir y erradicar los grupos terroristas que operan desde Paraguay o que utilizan a nuestro país como el territorio más vulnerable por la falta de seguridad y control, de nada vale el esfuerzo circunstancial de algunas instituciones.
Mientras la droga y las armas entren y salgan del territorio sin control, se muevan por rutas compradas, aterricen en pistas clandestinas, se distribuyan en vehículos acondicionados en talleres que operan en las narices de los “popes”, cualquier discurso antiterrorista será el hazmerreír en las “celdas vip” de las penitenciarías, en los talleres clandestinos, en las mansiones escondidas y en los hogares de los paraguayos desesperanzados.